La consejera Fernández Morillo pide una ley andaluza audiovisual que regule la pornografía y los anuncios de contactos sexuales
SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha abierto en el último mes cinco expedientes a televisiones locales por la emisión en franjas de protección de menores (de 6.00 a 22.00 horas) de publicidad y pornografía prohibida, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Televisión sin Fronteras. En todos los casos, el CAA comunica a los operadores que estas infracciones son consideradas infracciones graves de la normativa, para las que están previstas sanciones con multas de hasta 300.000 euros.
Carmen Fernández Morillo, miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, explicó hoy a Europa Press que la institución ha empezado a abrir expedientes a operadores de televisión después de realizar advertencias generales y particulares sobre las infracciones más frecuentes y anunciar por escrito que la intención del Consejo de ejercer su potestad sancionadora, sobre todo cuando se trata de proteger los derechos de la infancia.
Hasta ahora, todos los expedientes se han abierto por la emisión de programas y publicidad emitidos, entre las 6.00 y las 22.00 horas, susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
En todos los casos, el Consejo ha iniciado un procedimiento de información previa para que los operadores de televisión afectados realicen las alegaciones y manifestaciones que estimen oportunas.
Fernández Morillo anunció que es intención del Consejo fomentar la autorregulación pero sin renunciar a que se respeten las normas, especialmente cuando se trata de proteger a los menores.
La consejera intervino hoy en Madrid en las jornadas que con el título Regulación o autorregulación se han celebrado en la Fundación Sindical de Estudios de Madrid, donde abogó por que Andalucía cuente con una ley general para el sector audiovisual que ordene la abundante pero fragmentada normativa que regula la publicidad y la programación, resolviendo el vacíos jurídicos existentes frente a determinados contenidos y la dispersión de competencias.
"Somos conscientes de que, en estos momentos y frente a múltiples infracciones de la legislación y vulneración de principios protegidos por el ordenamiento jurídico, no se puede ir en Andalucía mucho más allá de amonestar públicamente al operador, como ha hecho el Consejo en la mayor parte de sus resoluciones", señaló.
Eso ya es mucho --bastante más de lo que había hace dos años-- porque sancionar no es siempre la panacea. Se puede lograr más con la autoridad moral y el diálogo que con la apertura de expedientes sancionadores, aunque es fundamental que esta instituciones pueda desarrollar y ejercer plenamente -en caso de resultar necesario- su capacidad sancionadora, como está haciendo el Consejo".
CATALUÑA DIO EL PASO.
A juicio de esta consejera, "resulta necesario que se apruebe en Andalucía una ley general para el sector audiovisual, paso que ya se ha dado en Cataluña, que regule determinados contenidos como la emisión de pornografía y anuncios de contactos sexuales fuera del horario de protección de menores o la videncia, por poner sólo algunos ejemplos".
Según apuntó, "es cuanto menos chocante que muchos ayuntamientos hayan regulado la venta de revistas pornográficas en kioscos y, sin embargo, las televisiones puedan emitir en abierto y a partir de las diez de la noche películas pornográficas, con el único límite de que se señalice, por el simple hecho de que estos contenidos no se han regulado. Creo necesario un debate social sobre determinados programas y también en torno a los concursos o servicios que fomentan la participación interactiva a través de teléfonos de tarificación especial y mensajes sms dirigidos a sectores de población muy vulnerables, como los menores de edad y mayores".
CASOS DRAMÁTICOS.
Al Consejo Audiovisual de Andalucía le han llegado "quejas dramáticas de personas con familiares enganchados a los programas de videncia y que se dejan la pensión llamando a estos teléfonos. El asunto va más allá de las competencias del Consejo, lo que no quiere decir que renunciemos a ponerlo en cuestión".
Carmen Fernández Morillo considera que tanto la regulación como la autorregulación son instrumentos complementarios para mejorar los contenidos que ofrece la televisión y lograr el compromiso del sector audiovisual con la promoción de valores y el respeto a los derechos de la ciudadanía. "Se quiera o no, guste o no guste, la televisión no es sólo entretenimiento e información. Tiene una función educativa y tiene que asumir esa responsabilidad".
En este sentido, demanda que , siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, se cree un consejo audiovisual de ámbito estatal para no dejar a los operadores más importantes e influyentes al margen de las obligaciones, instrucciones, decisiones y recomendaciones que se adoptan en las comunidades "que han hecho bien su trabajo y han creado autoridades reguladoras, siguiendo las directrices de la Unión Europea. No hacerlo supone crear agravios en el sector, donde los medios de ámbito estatal no están sometidos ni al control ni a las decisiones de autoridad reguladora alguna".
