ALMERÍA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vista oral que debía celebrarse hoy en la Audiencia Provincial contra la pareja a la que se imputa el liderazgo de una red de trata de blancas que operaba entre Paraguay y Mojácar (Almería) ha quedado suspendida hoy después de que uno de los procesados, Carmen T.G., comunicase la renuncia al letrado que ejercía su defensa ante una petición del Ministerio Público que asciende a 12 años de prisión.
Pese a que la sala de la Sección Tercera, presidida por la magistrada Társila Martínez, se ha constituido y se ha logrado citar por edicto a algunos de los principales testigos de cargo, el juicio contra esta mujer de 27 años y su compañero, Ramón M.J., de 47 años, por obligar presuntamente a ciudadanas paraguayas a ejercer el alterne en un chale de lujo hasta satisfacer una deuda de 15.000 euros, ha sido aplazado al mes de marzo de 2010.
El escrito de calificación del fiscal considera a ambos autores de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por el interesa una pena individual de nueve años de cárcel, a la que suma otros tres años por un presunto delito prostitución ya que se lucraban de los servicios sexuales que contrataban con los clientes.
A la red, que fue desarticulada en marzo de 2007 con el decomiso de más de 50.000 euros en joyas que ambos guardaban en el chalé y la localización de hasta seis cuentas bancarias en el extranjero, se le atribuye una manera de actuar "muy compleja y jerarquizada" ya que la procesada, de nacionalidad paraguaya, solía captar en su país natal a las víctimas, a quienes escogía siempre de entre ambientes desestructurados y de miseria.
Carmen T.G. viajaba a Suramérica de forma regular en compañía de su compañero, quien era el encargado, a la postre, de dar el "visto bueno" a las mujeres tras lo que ambos iniciaban los trámites para facilitarles el visado y un billete de avión para España que nunca hacían coincidir con el vuelo que tomaban ellos.
Una vez en Madrid, se trasladaban por carretera hasta Mojácar hasta la vivienda ubicada en Mojácar, donde eran encerradas en habitaciones equipadas lujosamente e individuales y forzadas a ejercer la prostitución para saldar la supuesta deuda contraída, que ascendía a un total de 15.000 euros, bajo amenazas sobre la integridad física de sus allegados en Paraguay.
Ramón M.J., según el escrito de calificación fiscal, era el encargado de administrar los beneficios obtenidos de explotar a las mujeres y que sólo en una ínfima parte redundaban en ellas para que pudiesen enviar dinero a sus familiares ya que la organización les proveía de todo lo necesario para que no manejasen efectivo.
Ambos procesados fueron detenidos el 16 de marzo de 2007 por la Policía Nacional en un control de tráfico activado en el paraje de Los Gurrullos, en el municipio de Mojácar, tras fructificar la investigación iniciada tres meses antes por agentes de Sevilla, Almería y Madrid.
En la operación, que la que se intervinieron varias dosis de cocaína y de hachís, se liberó a las tres mujeres que, en esos momentos, se encontraban retenidas y se arrestó al hijo del cabecilla, Juan Ramón M.H., no procesado pero al que, en un principio, se le achacó el prestar apoyo para el control de las víctimas en salidas concertadas con clientes de mayor confianza.
