La Audiencia de Alicante pedirá a Justicia que se aplique una respuesta penal a los menores de entre 11 y 14 años

ALICANTE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Alicante elevará el lunes un informe al Ministerio de Justicia en el que solicitará que se fomente que las administraciones incrementen sus presupuestos para promover la prevención de la delincuencia juvenil, que se aplique una respuesta penal a los menores de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años y que en delitos graves cometidos por menores con una edad muy cercana a los 18 años exista un informe pericial en las actuaciones, que determine si era consciente de la gravedad del hecho, para que el juez, discrecionalmente, pueda aplicar el código penal de adultos o la ley de responsabilidad del menor.

El informe recoge las conclusiones obtenidas por la Audiencia tras llevar a cabo durante dos años un par de programas de prevención de la violencia juvenil con menores. El primero de estos programas es el llamado 'Espacio para menores', que pretende "fomentar la conducta prosocial para menores con medidas de protección dictadas por la administración". El otro programa desarrollado por la Audiencia es el denominado 'Educando en justicia', que pretende acercar la Justicia a los institutos y a los centros educativos para "educar a los menores escolares en los valores de la Ley y el conocimiento de las Administraciones de Justicia".

Así, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, señaló hoy en rueda de prensa las conclusiones obtenidas como consecuencia del estudio de campo realizado a través de estos dos programas. En este sentido, Magro destacó "el incremento de aproximadamente un 20 por ciento respecto a los delitos cometidos por menores" de entre 11 y 14 años, y "el aumento de la gravedad" de los delitos perpetrados por menores de entre 16 y 18 años.

También se refirió a la situación detectada en la que los mayores de edad "abusan de los menores, dedicándoles, en gran parte, al mundo de la delincuencia, sometiéndolos a victimización". De este modo, "como respuesta" a la realidad que viven los menores Magro abogó por dos líneas de actuación. La primera es la de "seguir fomentando la práctica de la prevención, seguir recibiendo chicos y chicas para trasladarles mensajes de no violencia, de cambio de cultura", e intentar "incrementar la financiación por parte de las administraciones para que se fomente más la prevención" con programas como los desarrollados por la Audiencia.

Según Magro, la otra línea de actuación iría dirigida a "aquellos menores que una vez intensificada la prevención de la violencia juvenil" con ellos, "no aceptan el mensaje de la prevención", por lo que tendría que haber "una modificación de la ley de responsabilidad penal del menor" que llevaría a aplicar "una respuesta penal más contundente a los menores de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años, respuesta penal que no es carcelaria, pero sí de vigilancia, de internamiento en centros educacionales y de tratamiento terapéutico por parte de expertos".

"Algún tipo de respuesta tiene que existir respecto a los menores de 14 años que están cometiendo delitos de violación, asesinato, abusos sexuales, o de robo, una respuesta motivada por el incremento de aproximadamente un 20 por ciento respecto a los delitos cometidos por menores de estas edades entre 2007 y 2009", continuó el presidente de la Audiencia.

Para Magro, "la impunidad que hay actualmente en este tipo de situaciones obliga a reclamar al Estado una respuesta para este tipo de casos, que ahora mismo quedan absolutamente en la impunidad".

La otra modificación de la ley de responsabilidad penal del menor iría encaminada a "abrir un debate entre los menores que están delinquiendo en edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, donde se está produciendo un incremento en la gravedad de los delitos cometidos por chicos y chicas de estas edades".

En este sentido, Magro se mostró "partidario de que en estos casos de delitos graves cometidos por menores con una edad muy cercana a los 18 años, exista un informe pericial en las actuaciones que determine si el menor era consciente de la gravedad del hecho que estaba cometiendo, y en consecuencia pudiera el juez discrecionalmente aplicar el código penal de adultos o la ley de responsabilidad del menor".

Esta medida se propone "para que se valore más el hecho que se enjuicia que un dato objetivo como es la edad", continuó Magro, quien añadió que "un chico de 17 años y 8 meses sabe perfectamente que violar es violar, y el perjuicio que se causa con una violación, un homicidio o un asesinato".