(ESTA NOTICIA AMPLÍA Y SUSTITUYE A LAS ANTERIORES SOBRE EL MISMO TEMA)
MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La cabecilla de una red dedicada a la realización de matrimonios de conveniencia, desarticulada hoy por la Policía Nacional dentro de la 'Operación Escarlata', pudo ganar cerca de un millón de euros gracias a esta práctica realizada entre ciudadanos de origen colombiano y españoles.
A través de una supuesta gestoría en el barrio de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, 'Claudia', como era apodada, era la encargada de realizar estos casamientos previo pago de cantidades que oscilaban entre los 10.000 y 12.000 euros. Tras el pago, la supuesta abogada buscaba a la persona de nacionalidad española, generalmente de ambientes marginales, que a cambio de 3.000 euros accedía a contraer matrimonio, así como a los testigos del enlace, a los que pagaba unos 200 euros.
"Ganó aproximadamente un millón de euros pero esto es la punta del iceberg, nosotros sólo podemos decir que hay más de noventa matrimonios en los que ella ha participado. Hemos intervenido mucha documentación y hemos sacado una lista bastante extensa de nombres con los que tenemos que seguir trabajando en la segunda fase de la operación", explicó hoy el jefe del Grupo Primero de la Brigada Central de Redes de Inmigración, Pedro Bernardo.
Esta mujer, con ayuda de otros miembros, había tejido una red de contactos para facilitar su ilícita actividad, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes. La operación policial, que aún no ha concluido, deja por el momento 34 detenidos, de los cuales tres cabecillas se encuentran en la cárcel.
En la operación han participado 50 agentes de la Policía Nacional, junto a otros 30 de la Policía Municipal de Madrid, que realizaron las detenciones oportunas en Madrid capital y en Valdemoro, donde también se han efectuado cinco registros en domicilios.
SÓLO UN PÁRROCO IMPUTADO
De la misma forma, Bernardo advirtió que la red se encargaba de falsificar los documentos para llevar a cabo los matrimonios civiles y eclesiásticos, en el caso de estos últimos "se escaneaban certificados de bodas legales", celebradas en esas iglesias y se cambiaban los nombres. "En ambos casos, al llegar al registro civil, se les da un libro de familia con el que piden una tarjeta de residencia", apostilló. Por lo tanto, los párrocos de estas iglesias eran ajenos a esta trama ya que la boda ni siquiera llegó a celebrarse.
No ocurrió lo mismo con el párroco segundo de la iglesia de San Cristóbal, que está acusado de utilizar los datos del párroco titular y falsificar su firma. "Entre eso y que este párroco tenía antecedentes policiales por delitos contra la sanidad pública y era de nacionalidad colombiana, llevó a pensar que podía tener mayor participación", añadió el inspector insistiendo en que no habían sido capaces de encontrar ningún otro vínculo que le implicara.
RELACIÓN CON LAS DROGAS
La relación con el tráfico de drogas ha supuesto una "ramificación" dentro de la operación. Bernardo indicó que "la investigación, que se inició en marzo de 2008, venía precedida de una investigación previa contra la salud pública", al ver que un buen número de ciudadanos colombianos "habían conseguido la tarjeta de residencia de forma casi simultanea". Así, se investigó como los habían obtenido y resultó que el "nexo de unión siempre era la misma persona, Claudia, que fue detenida"
Asimismo, añadió que la mayoría de los detenidos "tenían antecedentes por delitos de robo con intimidación, tráfico de estupefacientes, estafa... un poco de todo". De los 34 imputados, "cuatro se sitúan como los principales responsables de origen colombiano nacionalizados españoles, y el resto son contrayentes".
Andalucía
