MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, tratará mañana con los responsables autonómicos en materia de Asuntos Sociales, en el marco de la Conferencia Sectorial, sobre la distribución territorial del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, entre otros temas, según confirmaron a Europa Press fuentes ministeriales.
Esta propuesta fue pactada el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, con el objetivo de establecer de medidas y criterios que permitan un proceso gradual de distribución territorial entre las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,7 para el ejercicio presupuestario de este año.
Sin embargo, días después de ese acuerdo, la ministra afirmó, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, que el Ejecutivo no tiene "intención" de territorializar la distribución de estos fondos y compaginará "sus responsabilidades" en la gestión de los mismos con "una mayor participación de las comunidades autónomas en todo el proceso". "Vivimos en estado autonómico en el que los principios de cooperación y colaboración deben regir las actuaciones de las administraciones", alegó.
"Voy a garantizar la distribución de ese 0,7 por ciento en colaboración con las comunidades autónomas, pero no territorializándolo", aclaró la ministra, que reaccionaba así a la pregunta realizada por el diputado del PP Miguel Barrachina, quien exigió a Cabrera que aclarase la postura del Gobierno en este tema.
CIU Y ERC CRITICAN LA POSTURA DEL GOBIERNO
De hecho, los grupos parlamentarios de CiU y ERC-IU-ICV advirtieron hoy, en declaraciones a Europa Press, que Cabrera presentará mañana al Consejo una orden ministerial en la que no se territorializan dichos fondos, lo que calificaron como una "profunda deslealtad al romper el acuerdo alcanzado" en la Cámara baja.
En concreto, el diputado de CiU Carles Campuzano pidió la comparecencia en el Congreso Cabrera para explicar esta decisión. Según Campuzano, el borrador de la orden ministerial supone "una voluntad de la Administración General del Estado de asfixiar la capacidad de financiación de las asociaciones que no sean de ámbito estatal".
"La actuación del ministerio responde a una concepción jacobina, centralista y preconstitucional de lo que constituye la política social de apoyo al tercer sector", señaló el político nacionalista, quien añadió que "es una decisión injusta que incumple un mandato parlamentario y el Estatut de Cataluña".
Además, el parlamentario nacionalista considera "paradójico" que en 2008 Cataluña concentrara "el mayor número de contribuyentes que marcaron exclusivamente la casilla de 'otros fines de interés social' en su declaración del IRPF y que sea este mismo territorio donde la mayoría de las 342 asociaciones que recibieron las subvenciones se quedarán ahora sin opción a ellas" por la orden del ministerio.
Por su parte, el diputado de ERC, Joan Tardà, calificó de "trampa y de falta de honradez parlamentaria el cambio de criterio" del PSOE y del Gobierno, quienes "han traicionado un pacto negociado durante tres días". Así, indicó que mientras Diego López Garrido y Alfredo Pérez Rubalcaba fueron portavoces del Grupo Socialista en el Congreso, "los pactos eran sagrados", pero con José Antonio Alonso "la palabra del PSOE no tiene valor".
"Éste es un escollo más en nuestra relación con el PSOE y con el Gobierno", dijo el diputado independentista, quien agregó que "las ONG estatales no quieren perder unos privilegios que tienen, como es tener que repartir el dinero" a las distintas sedes y comunidade4s autónomas.
EN 2008 LAS APORTACIONES CRECIERON UN 40%
Para el diputado del PP Miguel Barrachina, estos fondos son "un elemento de cohesión" que deben ser dedicados "a todos los españoles y no a contentar a un nacionalismo insaciable". "Preferimos que sea su ministerio el que distribuya estos fondos a que pasen a manos de Ibarretxe o Montilla", afirmó el diputado 'popular' en septiembre ante Mercedes Cabrera.
Según la última liquidación de las declaraciones realizadas en 2008, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, las aportaciones de los contribuyentes que marcaron la casilla de Fines Sociales ascendieron a más de 240 millones de euros, frente a los 167 millones obtenidos el año anterior. Es decir, en torno a 70 millones de euros más que los obtenidos en las declaraciones presentadas en 2007, lo que representa un incremento de más del 40 por ciento.
