MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Gádor Ongil, informó hoy en una rueda de prensa cuyo objetivo era explicar la aplicación de la Ley de Dependencia, que el Gobierno "no quiere firmar el convenio propuesto por la Comunidad porque no quiere reconocer a los que ya eran dependientes en la región antes del 1 de Enero de 2007".
Ongil informó que la Comunidad se niega a firmar los anexos del convenio--que son necesarios para recibir la suma de 23 millones de euros que le corresponden a la Comunidad en materia de dependencia-- porque "son perjudiciales para los madrileños, ya que estos anexos no reconocen a todos los dependientes que ya estaban siendo atendidos, sino sólo a los nuevos dependientes, baremados a partir de enero de 2007".
En este sentido, la responsable de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad señaló que esta interpretación de la ley es "discriminatoria y restrictiva", y la Comunidad cree en el deber de "atender a todos los dependientes". "Nos parece una buena ley, pero su desarrollo está siendo un caos en todas las comunidades autónomas, aunque el gobierno haya puesto en su punto de mira a Madrid una vez más", añadió.
La consejera insistió en que la Comunidad es "pionera en esta materia, gracias a la Ley de Servicios Sociales que se firmó en el 2003". Además, "en los últimos cuatro meses se han creado ya el 11% de las plazas prometidas a Madrid para esta legislatura, que son plazas de mayores, personas discapacitadas, y personas con enfermedad mental", apuntó.
En este sentido, Ongil respondió que la situación de Madrid es más difícil que la de otras comunidades autónomas porque "va por delante de éstas en la atención de personas dependientes", al ser preguntada sobre el retraso de la región en la aplicación de la ley frente a otras comunidades.
Asimismo, la consejera afirmó que hasta el momento se han resuelto 6.000 valoraciones, pero no son personas dependientes valorados a partir del 2007. Aproximadamente, "el 40% de las 6.000 valoraciones realizadas son grandes dependientes", añadió. Además, señaló que acepta la previsión del Ministerio de que "hay unos 23.400 dependientes en la región".
POSICIÓN DEL GOBIERNO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY.
Durante su intervención, Ongil criticó la actitud del Gobierno frente al copago, ya que "aún no ha querido pronunciarse y dice que cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera". "Esto puede llevar a que tengamos ciudadanos de primera, y ciudadanos de segunda, según la comunidad autónoma en la que vivan".
Por su parte, la directora general de Dependencia, Yolanda Ibarrola, afirmó que la ley recoge que "los usuarios tienen derecho a recibir determinadas prestaciones, y en caso extraordinario de que esto no pudiera ser, recibirían la prestación económica. Por lo tanto, no es cierto que todo usuario recibirá los 780 euros mensuales".
Finalmente, la consejera calificó de "ridícula" la cantidad de 23 millones con que el Gobierno dotará a la Comunidad de Madrid. "Nosotros defendemos firmar primero el convenio, en el que queremos que se reconozca a todos los dependientes, y después firmar los anexos, pero el Gobierno no está de acuerdo", concluyó.
