Le acusa de rebajar al 40% los servicios de interpretación y de "retroceder" a los niveles de 2005
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) denuncia la "falta de voluntad y diligencia" del Gobierno para aplicar la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, tras cumplirse 15 meses desde su aprobación.
En una entrevista a Europa Press, el presidente de esta entidad, Luis Cañón, manifestó su malestar ante la "lentitud" con la que se está desplegando la norma, asegurando que quedan "varias cuestiones pendientes" como la regulación de la lengua de signos en los ámbitos social, económico, cultural y educativo y de participación de este colectivo.
"Hay cuestiones importantísimas que hay que poner en marcha y que afectan a la vida diaria de las personas sordas y a los Derechos Humanos", aseveró el presidente de CNSE, al recordar que la ley tiene que estar "totalmente" desarrollada el próximo mes de octubre. "Luchamos mucho para que esta ley fuera una realidad y todavía está en espera y con aspectos sin legalizar", agregó el presidente de esta entidad que representa a un millón de personas en España.
En concreto, Cañón apuntó que la regulación de una educación bilingüe "no es una realidad", así como el acceso al sistema educativo por parte del alumnado sordo. Según advirtió, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD) tiene como prioridad la "integración" de estos estudiantes, mientras que CNSE apuesta por la "inclusión". "En general, los niños sordos sufren la falta de accesibilidad", apostilló.
Según la ley, las administraciones educativas autonómicas deben facilitar a las personas usuarias de las lenguas de signos españolas su utilización, como lengua vehicular, de la enseñanza en los centros educativos que se determinen, así como promover la prestación de servicios de intérpretes en los centros que se determinen, algo que, a juicio de CNSE, "no es tal".
En el marco de los servicios de atención al alumnado universitario en situación de discapacidad, la norma regula que las comunidades autónomas deben facilitar programas e iniciativas específicas para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, con el objetivo de facilitarles asesoramiento y medidas de apoyo.
La regulación profesional de educadores e intérpretes de la Lengua de signos, que antes de la aprobación de la norma ejercían su labor, así como la creación de un Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española para la difusión y la docencia, son otros de los temas "pendientes" por desarrollar de la Ley y de los que "no se sabe nada".
Según la norma, el Gobierno es el que debe regular este centro en el Real Patronato sobre Discapacidad con el objetivo de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua. Asimismo, tiene que contar con profesionales expertos en lengua de signos y en sociolingüística, manteniendo consultas y estableciendo convenios con las universidades y las entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias.
"Queremos que este centro de difusión de la lengua de signos esté gestionado por la propia comunidad de sordos, que es la que tiene todo el patrimonio en este ámbito", apostilló Cañón, para añadir que es algo que "todavía no está nada claro".
PROBLEMAS BUROCRÁTICOS
Además de la falta de diligencia del Gobierno en el despliegue de la ley, CNSE apunta como otra de las principales causas la burocracia que, a su entender, "amenaza" a las personas sordas porque "se encuentran constantemente con trabas, que les impide avanzar".
Sobre el servicio de intérpretes, garantizado por un convenio que se renueva anualmente desde 2002, con el objetivo de que las personas sordas vayan acompañadas de intérpretes en lengua de signos a consultas médicas o gestiones judiciales, entre otras, CNSE aseguró que ha habido una rebaja del 40 por ciento, a pesar de que la ley también los garantice. En este sentido, indicó que en España se ha vuelto a los niveles de 2005, "en lugar de aumentar esta prestación de forma gradual".
La ley establece que las Administraciones Públicas competentes deben promover la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, en el caso de que así se solicite previamente, para los usuarios que lo necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Sin embargo, según denunciaron, "ahora mismo una persona sorda sólo puede utilizar tres servicios al año", para situaciones tan comunes como ir al médico, hacer gestiones en un banco, realizar trámites en Hacienda, recibir la asesoría de un abogado o acudir a una conferencia. "Es una prestación ridícula", denunció.
"El 25 de octubre se cumple el plazo para que la ley esté desarrollada. Sabemos que la crisis está ahí pero hay que hacer frente a un atraso que, además, tiene que ver con los derechos humanos", concluyó.
CNSE (www.cnse.es) es una organización sin ánimo de lucro que atiende y canaliza los intereses de laspersonas sordas y sus familias en España. Desde su creación, en 1936, se ha ocupado de incentivar el desarrollo y participación social de este colectivo.
