Actualizado 25/06/2007 11:34

El Congreso reconocerá esta semana las lenguas de signos y el voto en 'braille' para personas ciegas

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Congreso aprobará el próximo jueves, previsiblemente por unanimidad, el dictamen del proyecto de Ley por el que se reconoce las lenguas de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas.

Ese mismo día, el Pleno también dará luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que, entre otros aspectos, posibilitará a las personas ciegas a ejercer su derecho a sufragio, mediante el sistema 'braille', garantizando el secreto del voto. La reforma tendrá efecto para las próximas elecciones generales.

Respecto a las lenguas de signos, el proyecto de Ley contempla dos novedades principales: las garantías legales para el acceso a la comunicación en diversos ámbitos (educación, sanidad, Administración, cultura, medios de comunicación entre otros) y la plena equiparación entre la lengua de signos española y la catalana.

En términos generales, la norma facilitará a las personas con discapacidad auditiva (cerca de 2 millones de españoles, 100.000 con sordera profunda) la utilización de intérpretes de lengua de signos y el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación, cuando lo precisen, en diferentes ámbitos públicos y privados.

Tras la negociación de los grupos la norma refuerza las garantías que deberá ofrecer el Estado. Por ejemplo, las Administraciones deberán disponer de los recursos necesarios para facilitar el aprendizaje, en los centros en los que se determinen.

Lo mismo ocurre en otras áreas como la sanidad, la cultura, el ocio, la administración judicial y penitenciaria, o los medios de comunicación social. En este punto, todos los mensajes institucionales deberán ser "plenamente accesibles" a las personas sordas.

Igualmente, los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales deberán facilitar que las informaciones institucionales y los programas de emisión gratuita y obligatoria sean accesibles a este colectivo.

LEY ELECTORAL.

En lo que se refiere al voto en braille, el Gobierno cuenta ya con un Real decreto "muy avanzado" en el que se concreta el método electoral. Fuentes socialistas explicaron que está inspirado en el sistema de papeletas sueco, que garantiza el anonimato de la persona invidente.

Para ejercer este derecho, la persona invidente deberá dirigirse a su junta electoral para que ponga este sistema a disposición de su colegio. Una vez hecha la petición, la Administración habilitará un sobre en braille por cada candidatura que, a su vez, contendrá en su interior otro sobre ordinario con la papeleta correspondiente.

De esta manera, los sobres introducidos en las urnas serán completamente iguales y por tanto, no se podrá distinguir la papeleta introducida por la persona invidente.

En el caso del Senado, el procedimiento es más complejo, principalmente en las circunscripciones más grandes, por el número de candidaturas. No obstante, según las mismas fuentes, el Ejecutivo está considerando un sistema de plantillas identificables por las personas invidentes (les faltará el ángulo superior derecho) que se colocarán sobre la papeleta, con el fin de que pueda marcar la candidatura elegida.

EL VOTO DE LOS ESTUDIANTES ERASMUS.

Además de esta cuestión, la reforma electoral facilitará la posibilidad de ejercer el derecho al voto a las personas que se encuentren en el extranjero temporalmente, entre la convocatoria de un proceso electoral y su celebración.

Esta modificación va dirigida concretamente a los estudiantes universitarios que cursan becas Erasmus, así como al personal embarcado en buques de la armada, la marina mercante, la flota pesquera así como el personal de las fuerzas armadas españolas.

Por último, la Comisión Constitucional aprobó una tercera reforma de la LOREG, con el fin de publicitar la relación definitiva de secciones, mesas y locales electorales a través de Internet, en vez de anuncios institucionales insertados en prensa, que en las últimas elecciones supuso un coste de unos 2 millones de euros.