SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que la Comunidad Autónoma tiene competencia para dictar la Ley de Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma andaluza, tras aprobar el anteproyecto de dicha Ley, remitido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Asimismo, dicho órgano consideró que el procedimiento de elaboración de la norma "se ajusta a las legalmente previstas", si bien añadió que el Consejo ha formulado "observaciones de técnica legislativa" en cuanto al contenido del anteproyecto.
Así, según explicó el citado órgano en un comunicado, el anteproyecto sometido a consulta tiene por objeto, regular las actuaciones de mediación familiar que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su régimen jurídico.
De este modo, el Consejo Consultivo de Andalucía consideró oportuno "buscar vías alternativas y complementarias", ante la "compleja realidad que presenta hoy la estructura familiar", tras la aparición de nuevas formas de convivencia tales como uniones de hecho, familias monoparentales o familias compuestas por miembros que provienen de rupturas previas, con hijos e hijas de una o ambas partes, lo que, según apuntó, "ha propiciado que los conflictos que surgen en su seno sean de naturaleza más compleja y difíciles de resolver por la vía judicial".
En esta línea, destacó la importancia de "ofrecer recursos preventivos adecuados, que impidan las consecuencias negativas que la no resolución de tales conflictos pueda tener para el desarrollo psicosocial de los niños y niñas, así como ofrecer a los progenitores los instrumentos y habilidades necesarios para afrontarlos".
Por ello, la mediación se configura, a juicio del citado órgano, como "un procedimiento de gestión de conflictos" en los que las partes enfrentadas acuerdan que una tercera persona cualificada, imparcial y neutra, les ayude a alcanzar por sí mismos un acuerdo, que les permita resolver el conflicto que les enfrenta sin necesidad de someterlo a la autoridad judicial.
El Consejo Consultivo subrayó que la Constitución española encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos cualquiera que fuese su filiación, al tiempo que el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que los poderes públicos garantizarán la protección social, jurídica y económica de la familia.
Asimismo, el Estatuto dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia y determina que la Junta de Andalucía podrá establecerlos instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia.
Finalmente, el Consejo consideró que los principios de la mediación familiar deben ser la voluntariedad, la imparcialidad y neutralidad del mediador, la confidencialidad de los datos, hechos o documentos conocidos en la mediación y el secreto profesional del mediador, su carácter "personalísimo" y la buena fe.
