HUELVA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Corte de Apelaciones de Bucarest (Rumanía) ha admitido a trámite un recurso de apelación a la sentencia dictada el pasado 15 de octubre, que obligaba a la madre de una menor onubense, cuya guarda y custodia corresponde al padre, vecino de la localidad de Valverde del Camino (Huelva), a "regresar en dos meses a España".
Según informó a Europa Press el abogado del padre, Manuel Pérez Peña, la admisión del recurso se produce a pesar de que la sentencia era "irrevocable" y se traduce en que el tribunal ha convocado el próximo lunes, 26 de octubre, una vista en Rumanía "sin dar tiempo al abogado del progenitor a preparar la defensa", ya que ni siquiera cuenta con la totalidad de la sentencia y el anuncio de este nueva cita "se comunicó ayer".
Pérez Peña detalló que "la sentencia del tribunal rumano aún no ha sido notificada" y puso de manifiesto que "se trata de un breve espacio de tiempo para preparar la oposición e incluso es imposible conseguir billetes de avión para asistir nuevamente a la vista". Por todo ello, y ante la "falta de resultados" por la vía civil, el letrado ha decidido emprender "acciones penales" por retención ilícita, que podrían conllevar penas de cárcel y pérdida de la patria potestad de la madre.
Además, el abogado apuntó que esta admisión se produce "sin tiempo además para aportar los documentos necesarios y siendo imposible la asistencia de su representado, creando una grave indefensión", debido a "la inmediatez en el señalamiento de la vista" con independencia del coste económico para el padre.
Asimismo, Pérez Peña señaló que "las conclusiones de dicha sentencia dejan bien claro que es irrevocable", por lo que se sorprendió que haya sido admitida la apelación. En su opinión, "la Corte de Apelaciones de Rumanía no ha actuado conforme a Derecho", ya que sostiene que este órgano "no puede dar plazo alguno de retorno de la menor a la madre, C.L.V., pues ésta no tiene la tutela, habiéndose demostrado que la menor salió de España de manera ilícita".
Durante la vista de la pasada semana, según agregó Pérez Peña, "la madre declaró y reconoció que había recibido comunicaciones del padre y de la embajada de España que tenía a su disposición un salvoconducto en septiembre del pasado año para retornar a España con la menor, ocultando que también recibió una orden judicial para que se personara en la embajada con la menor a fin de que recogiera dicho salvoconducto".
Por ello, insistió en que la menor actualmente se encuentra en Rumanía, amparada por la Corte de Apelaciones, "sin que exista un solo documento judicial que le otorgue ni el derecho de residencia ni de tutela a la madre", por lo que debe "exigir el retorno inmediato o la entrega de la menor al padre quien irá a recogerla en el momento que se le autorice a ello".
SENTENCIA DEL JUZGADO DE VALVERDE
Asimismo, la sentencia de Modificación de Medidas de fecha 1 de abril de 2009 del Juzgado de Valverde del Camino que otorga la guarda y custodia al padre de la menor, "es firme como así lo dispone la providencia del Juzgado de Primera Instancia de la localidad, con fecha 8 de octubre de 2009".
Por ello, el día 14 de octubre de 2009, en la comparecencia de la vista oral celebrada ante la Corte de Apelaciones de Bucarest, la defensa del padre aportó dicha providencia, mediante traducción jurada al rumano, pero ésta "no fue perfecta", lo que motivó que el tribunal rumano "no lo admitiera debido a un error de precisión en un término".
No obstante, la traductora rumana que asistía al letrado "mostró la providencia española y tradujo y explicó literalmente las palabras de 'sentencia firme'". Además, el representante del Ministerio de Justicia Rumano insistió en que la menor debía ser entregada al padre por ser el Juzgado de Valverde del Camino "el único competente en este asunto porque la sentencia era firme".
Ante esto, la defensa de F.J.D.N ha encargado una nueva traducción jurada de la providencia, pero no la tendrá hasta mediados de la próxima semana. Por consiguiente, a través del Ministerio de Justicia español, ha solicitado si el Ministerio de Justicia Rumano, que tiene la providencia original, pudiera traducirla antes del lunes y aportarla a la vista.
Por otro lado, Pérez Peña indicó que el Ministerio de Justicia Rumano está actuando "de forma correcta" y conforme al Reglamento 2201/2003 de la normativa europea, aunque matizó que "los tribunales rumanos no se están comportando conforme al derecho".
Por último, hizo hincapié al Ministerio de Justicia español a que "no se debe pasar por alto estas graves irregularidades de los tribunales rumanos", a la vez que le instó a que "se pronuncie y haga una queja" ante el Ministerio de Justicia rumano.