MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy en el Congreso que será el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien se encarge de la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que el Ejevutivo se comprometió a crear en el marco del Plan de Derechos Humanos aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.
Según explicó durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, "la intención" del Gobierno es que se integre en la Institución del Defensor del pueblo, "ya que esta institución tiene legalmente atribuidas las funciones que prevé para este nuevo Mecanismo Nacional, el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura"
Asimismo, De la Vega avanzó que este mecanismo contará con un Consejo Asesor en el que estará representada la sociedad civil, a fin de sumar su "dinámica iniciativa" al "compromiso del Gobierno" para "ir ganando en derechos de ciudadanía y, por tanto, en calidad democrática".
Al margen de este aspecto concreto, De la Vega dijo que ya se han cumplido casi 40 medidas del plan, mientras "otras tantas" se encuentran en fase de cumplimiento. Así, afirmó que el Gobierno está en condiciones de cumplir lo que se le ha exigido en el Congreso de los Diputados.
El Plan de Derechos Humanos contempla un total de 172 medidas agrupadas en al plano nacional y el plano internacional de aplicación. Así, abarca inciativas para responder a derechos sociales como la educación, la salud o la vivienda, e incluye además garantías en otros ámbitos, como el asilo, la justicia o el derecho a un medioambiente adecuado. Tiene una vigencia de 4 años.
En este sentido, el diputado del PP, Juan Ignacio Gil Lázaro, criticó la demora del Gobierno en presentar este plan y le reclamó medidas concretas para su aplicación. Así, mostró su preocupación ante el respeto al principio de igualdad, sobre todo, ante el contexto económico de crisis que vive el país.
Además, apuntó que "no es verdad que cada medida del plan sea una garantía real". "La garantía real vendrá determinada por lo que haga por el respeto y el servicio a los intereses general y por su lealtad a la verdad", agregó.
El diputado de ERC, Joan Tardá, criticó que el Gobierno todavía no haya puesto en marcha medidas contra la tortura al tiempo que le acusó de "no abordar los problemas de los inmigrantes. También pidió que se condicionen las relaciones de España con otros países al respeto a los Derechos Humanos de estos últimos.
Por el PNV, el diputado Emilio Olabarría recalcó que no se han presentado plazos ni financiación para dar cumplimiento al plan y criticó que la vicepresidenta no hubiese glosado las distintas partes del texto en su intervención. "Estoy desorientado", confesó el diputado nacionalista.
Sobre la tortura, dijo que todavía existen espacios de legitimidad en nuestro país, sobre todo, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Es una cuestión relevante", agregó.
Por su parte, el diputado de CIU Carles Campuzano dijo que al plan "le falta concreción", ya que no va acompañado de un calendario ni de un presupuesto y pidió que se amplíen contenidos sobre determinados puntos.
Campuzano coincidió con el diputado del PNV en materia de tortura, ya que criticó las "malas prácticas" de los cuerpos policiales y pidió al Gobierno que intervenga en la prevención de esta actividad. Según dijo, este tema "no es una cuestión menor".
Finalmente, Elviro Aranda, diputado del PSOE, criticó al PP por minusvalorar la Alianza de Civilizaciones y agradeció al Gobierno la aprobación y puesta en marcha del plan. "Los Derechos Humanos son la esencia de las democracias modernas. Es muy difícil conquistarlos, pero es muy fácil perderlos y que queden en papel mojado", advirtió Aranda.
