MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) solicitó hoy que sea la jurisdicción social, y no la contencioso-administrativa --como sucede ahora--, la que tramite los recursos contra los actos de las comunidades autónomas en relación a la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Discapacidad (Ley de Dependencia).
Con vistas a la evaluación y revisión de la Ley que hay que realizar en 2010, el CERMI propondrá una modificación normativa para declarar con competencia en esta materia a la jurisdicción social, "más rápida, ágil y barata" que la contencioso-administrativa, ahora la única competente.
Así, ante "la enorme litigiosidad que se prevé, por disconformidad de los beneficiarios con los distintos actos que dictan las Administraciones autonómicas en desarrollo y aplicación de la Ley a cada caso concreto", esta entidad opta por la jurisdicción que tenga "más capacidad de resolución, con mayor rapidez y con menos coste para las personas y familias".
Para el CERMI, "hay antecedentes" que avalan esta solución y puso como ejemplo, los recursos contra las declaraciones del grado de discapacidad que realizan las comunidades autónomas, que "son conocidos por los jueces de lo social y no por los de lo contencioso, por lo que la propuesta es perfectamente viable".