BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Entidades de discapacitados de Cataluñaa reclamaron hoy a las administraciones más esfuerzos para resolver los problemas de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y acabar con los retrasos, justo en el día en que se cumplen dos años de que los catalanes pudiesen empezar a presentar sus solicitudes.
Según los últimos datos facilitados por la Generalitat, Catalunya registró aproximadamente 185.000 solicitudes de personas interesadas en acogerse a la norma hasta finales de marzo, de las cuales se han valorado ya unas 120.000.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), Francesc Pérez, reconoció que el despliegue de la ley no está siendo tan eficaz como querrían y alertó de la preocupación del colectivo por los efectos que la crisis puede tener.
Señaló que los problemas de aplicación se deben a una "falta de previsión" inicial en cuanto al número de dependientes que había y a un problema de "costes". Criticó que por parte del Estado "no ha habido corresponsabilidad" en la financiación y esperó que este asunto reciba "el impulso financiero" necesario.
La norma marcaba que de la inversión pública se debían ocupar a parte iguales --50%-- la Generalitat y el Gobierno. Sin embargo en la práctica es la Administración autonómica la que está asumiendo la mayor parte de los costes.
Reconoció el esfuerzo del Govern pero reclamó trabajar para cumplir los plazos que marca el texto. Por otro lado, Pérez advirtió de que hay otras políticas para atender a los discapacitados, por lo que esperó que la Ley de la Dependencia "no acapare" todas las políticas. "Estamos focalizando, pero hay otras; no se tiene que centralizar", recordó.
MÁS PODER PARA LAS AUTONOMÍAS
El director general de la Federación catalana pro personas con discapacidad (APPS), Xavier Masllorens, criticó al Gobierno por "improvisar" y hacer una ley en un tiempo "récord", sin la reflexión ni la memoria económica necesaria, y repercutiendo sobre las autonomías.
Masllorens equiparó esta situación con lo que ha sucedido actualmente con el plan de ayudas directas para la venta de coches que anunció el Gobierno, ya que también involucra el presupuesto de las autonomías, y algunas ya han anunciado que no pueden hacerse cargo. "Las autonomías no son delegaciones de España. Tenemos que caminar hacia un Estado federal", recriminó.
Reclamó al Gobierno "que realmente actúe como Estado federal", y que tenga en cuenta que las políticas sociales "dependen" de la Generalitat y que los ministerios están "para coordinar y no ejecutar".
Sin embargo, también pidió a la Generalitat "que haga un esfuerzo" y que las cosas se hagan "sin retrasos innecesarios". Según Masllorens, los problemas de financiación no sirven de excusa para el total de incidencias que se ha producido durante los dos primeros años de despliegue de la norma, que calificó de "muy buena" porque da derechos subjetivos.
La presidenta de la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, Inma Fernández, lamentó que la aplicación de la ley "va muy lenta" y que las "expectativas iniciales" que generó no se han cumplido, al menos por el momento, apuntilló. En declaraciones a Europa Press, Fernández celebró que "ya era hora" una ley de estas características, pero lamentó que se encuentre "sin dinero" en un momento de crisis.
