MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, ha remitido una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para expresar su "profunda preocupación" por el Real Decreto Ley que dejará sin tarjeta sanitaria los miles de inmigrantes en situación irregular que viven en España, muchos de ellos ecuatorianos, para quienes su Gobierno propone un convenio de reciprocidad sanitaria.
En declaraciones a Europa Press, Buenaño ha explicado que en Ecuador, donde residen 11.000 españoles, la sanidad es gratuita "por mandato constitucional" para todos los ciudadanos. "Hemos escuchado a la ministra de Sanidad (Ana Mato) señalar algunas veces que España ofrecerá prestaciones sanitarias en reciprocidad y, si hablamos de reciprodidad, nosotros la tenemos", ha apuntado.
En este sentido, ha apuntado que es "del interés" del Gobierno de Ecuador "avanzar en un sistema de reciprocidad formal y avanzar en un convenio bilateral" con España porque está "profundamente preocupado" por la irregularidad sobrevenida que se han podido encontrar muchos de sus compatriotas cuando al perder su empleo con la crisis económica han perdido también su permiso de residencia, algo que ha trasladado en su carta a García-Margallo.
"No tenemos el dato exacto, pero sabemos por el Instituto Nacional de Estadística que la cifra de ecuatorianos en desempleo es de 47.000 ciudadanos y tenemos constancia de que hay irregularidad sobrevenida", ha apuntado Buenaño, para incidir en que cuando estas personas acaban la prestación y el subsidio por desempleo, ya "no les queda nada más: no tienen permiso de residencia y ahora tampoco tarjeta sanitaria aunque han estado muchos años aportando".
Buenaño reconoce que llegados a este punto "es posible que estas personas tuvieran que irse, pero lo que pasa es que muchas veces quien lo ha perdido es el que ha trabajado en construcción, su mujer hace trabajos muy pequeñitos, en limpieza, por ejemplo, y sus hijos son españoles". "El papá tiene que irse contribuyendo a un drama familiar y eso es un grave problema", ha señalado.
Para la embajadora, esta medida adoptada por el Gobierno español es "castigar a los más débiles de entre los débiles" que además, no tiene justificación desde el punto de vista de la lucha contra el turismo sanitario, algo que a su juicio, no practican los latinoamericanos porque "tienen más de 10.000 kilómetros de distancia, todo un océano de por medio, y sólo el pasaje cuesta más de 2.000 dólares".
Además, la representante del medio millón de ecuatorianos que viven en España recuerda el estudio realizado en 2008 por el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid que concluyó que "los inmigrantes son los que menos hacen uso de los servicios de salud en España", entre otros motivos, "porque son mucho más jóvenes" que la media de la población local.
"Nos inquieta que este tipo de medidas afecten a un grupo vulnerable de nuestra comunidad que ha caído, contra su voluntad, en irregularidad sobrevenida, situación que se ha vuelto común por la fuerte crisis económica y el alto desempleo, que afecta en mayor medida a los extranjeros. Vale recordar que todos esos inmigrantes han aportado no sólo con su trabajo al desarrollo de España, también con cotizaciones a la seguridad social durante varios años y ahora se verán excluídos de ese vital servicio", ha dicho al ministro de Exteriores.
