BRUSELAS, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las comisiones de Libertades Civiles y de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo han aprobado este martes en sesión conjunta una nueva norma para asegurar que las víctimas de delitos disfrutan de los mismos derechos en toda la Unión Europea. Se calcula que alrededor de 75 millones de personas son víctimas de delitos cada año en la UE.
La ponente del informe adoptado por la comisión europarlamentaria, la española Teresa Jiménez-Becerril (PP), ha destacado que la nueva directiva asegurará un "trato adecuado a las necesidades específicas" de cada víctima, ya que se evaluarán de manera individual las circunstancias personales de la víctima y del crimen sufrido.
La nueva norma --pactada entre Consejo y Eurocámara el pasado junio y pendiente aún de la ratificación formal-- tendrá en cuenta también a las víctimas de delitos graves como el terrorismo, el tráfico de personas y el crimen organizado, según ha explicado en un comunicado Jiménez-Becerril.
También ha celebrado el voto positivo la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, quien en un comunicado ha asegurado que la nueva norma "garantizará que las víctimas de crímenes reciben el respeto, apoyo y protección que merecen". "Es un paso concreto hacia una UE en donde se hace Justicia y en donde los ciudadanos puedan confiar en sus derechos estén donde estén en la UE".
La directiva tiene como objetivo garantizar que --sea cual sea el delito (atraco, robo, violación, acoso, terrorismo o tráfico de seres humanos) y se cometa donde se cometa dentro de la UE-- las víctimas tengan los mismos derechos básicos en los procedimientos penales, sean tratadas con respeto y dignidad y protegidas de una nueva victimización, y tengan acceso a servicios de apoyo a las víctimas, justicia y compensación.
A petición de la Eurocámara, todas las víctimas recibirán una evaluación individual de sus necesidades específicas. Basándose en características personales como la edad, el género, la etnia, la religión, la orientación sexual o el tipo de delito, la directiva señala que cualquier víctima podría tener necesidades de protección que deben reconocerse.
La norma obliga a los Estados miembros a garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso gratuito y confidencia a servicios de apoyo a víctimas, independientemente de donde se produzca el delito. También deben ponerse en marcha servicios específicos para víctimas con necesidades particulares, como las de violencia de género o los niños.
La directiva obliga finalmente a tener disponibles servicios de interpretación y traducción para que las víctimas puedan informar de un delito o participar activamente en los procedimientos penales en una lengua que entiendan.
La norma todavía debe ser ratificada en septiembre por el pleno de la Eurocámara y por los Gobiernos. Una vez adoptada, los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.