VALENCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -
El ministerio fiscal ha aumentado a seis años de cárcel --inicialmente pedía 4-- la pena que solicita para una pareja a la que acusa de hacerse pasar por presidentes de la Organización Mundial pro Humanidad Solidaria (OMHS) para captar algo más de 200.000 euros de diferentes particulares, a los que prometía ingentes beneficios como consecuencia de un elevado interés (15 por ciento). El objetivo era destinar el dinero a un proyecto de comedores para personas necesitadas, pero no fue así.
El fiscal ha realizado esta modificación en el último día del juicio que se sigue en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia contra una pareja por un delito continuado de estafa. Ha afirmado que al quedar "probado" que hubo una "continuidad delictiva", se debe "poner la pena en su mitad superior". "Se exige el mayor reproche penal posible", ha puntualizado.
Además, ha decidido elevar la pena al estimar que los acusados "no han sido capaces de ofrecer una mínima explicación con una mínima coherencia de lo que han hecho con el dinero"; y porque de la documental "ha quedado acreditado el engaño, y que recogieron el dinero en su propio beneficio".
Ha indicado que los acusados han dado explicaciones "totalmente vagas e imprecisas", y han demostrado que "obraron en abuso de la buena fe de personas trabajadoras, que fiaron de toda la puesta en escena que habían montado". "Nunca hubo ningún interés de enviar el dinero a ningún sitio, sino simplemente buscaban aprovecharse de la buena fe de la gente", ha insistido. Por su parte, la acusación particular se ha sumado a estos argumentos.
Frente a ello, las defensas han pedido la libre absolución para sus representados. En concreto, el letrado de la mujer ha afirmado que "los hechos no se ajustan a la realidad, no ha habido engaño suficiente y nos encontramos ante un dolo civil", ha señalado. Además, ha indicado que ninguno de los inversores "negociaba directamente" con su representada, "sino a través de terceras personas".
Por su parte, el abogado del hombre ha indicado que prácticamente los inversores no lo nombraron en el juicio, "y cuando lo han hecho decían que lo habían conocido después de descubrir el engaño", mantiene. Asimismo, ha alegado que el número de cuenta en el que se ingresó el dinero "es cierto que era de él, pero de su testimonio se deduce que difícilmente podía haber sabido algo de esta operación".
RELATO DE HECHOS
Según consta en el relato del fiscal, la acusada, de nacionalidad argentina, dijo ser la presidenta de una ONG sin ánimo de lucro cuyo objetivo sería la colaboración en un proyecto de comedores para personas necesitadas. Para el desarrollo de su actividad abrió una oficina en la Avenida Cortes Valencianas, en la que colaboraba "de forma activa" su compañero sentimental --el otro acusado--, quien decía que actuaba como intermediario de un banco suizo.
En el ejercicio de esta "fingida actividad", según el mismo escrito, la pareja se puso en contacto con varias personas para que invirtieran importantes sumas de dinero prometiéndoles, a cambio, unos ingentes beneficios como consecuencia de un elevado interés (15 por ciento), lo que no podía ser posible si se trataba de una organización sin ánimo de lucro.
De este modo, en los meses de febrero y abril de 2008, cuatro personas les hicieron varios ingresos: uno de 51.300 euros; otro de la misma cantidad; uno más de 45.075,90 euros; y otro de 74.925 euros. Este dinero se ingresó en la cuenta del acusado. Según el fiscal, al ser un plan "ideado" por ambos acusados, éstos "hicieron suyas todas las cantidades recibidas sin que entregaran cantidad alguna --ni principal ni interés-- a los perjudicados".