MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó este viernes, a propuesta de los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, Asuntos Exteriores y Cooperación y del Interior, un acuerdo por el que se establece la continuidad del período transitorio en relación con la libre circulación de trabajadores de Bulgaria y Rumania.
A la vista de la situación del mercado de trabajo, el Gobierno ha decidido mantener la continuidad durante 2008 de dicho período transitorio. Para tomar esta decisión, el Ejecutivo asegura que ha consultado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas que, en el marco del diálogo social, han manifestado su opinión favorable al respecto.
El Ejecutivo aprobó el pasado 22 de diciembre de 2006 un acuerdo por el que se disponía que el período transitorio establecido en el Tratado de la adhesión de la República de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea para la libre circulación de trabajadores tuviera en España una duración máxima de dos años, a contar desde el 1 de enero e 2007.
El citado texto señalaba que al finalizar el primer año, el Gobierno, conjuntamente con los interlocutores sociales, evaluara los efectos de la aplicación del indicado período transitorio y en función de las conclusiones a las que se llegue acordará la continuidad del mismo hasta llegar a los dos años o, en su caso, darlo por finalizado y aplicar desde ese momento a los trabajadores búlgaros y rumanos el acervo comunitario sobre libre circulación.
LOS CIUDADANOS CRITICAN AL GOBIERNO
Colectivos de ciudadanos de origen rumano y búlgaro manifestaron, en declaraciones a Europa Press, su "rechazo absoluto" ante esta decisión.
El responsable de comunicación de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM), Gelu Vlasin, lamentó la decisión del Ejecutivo y aseguró que "durante este último periodo la comunidad rumana se ha visto sometida al juego político como una pelota de pin pon". Sin embargo, sostuvo que este colectivo "seguirá luchando por mejorar su vida en España" y espera que el Gobierno "siga ayudando al movimiento asociativo, fundamental para esta comunidad".
Para el vicepresidente de la asociación de rumanos Obatalá, Miguel Fonda, eliminar la moratoria "facilitaría la transparencia del mercado de trabajo en España". Asimismo, Fonda consideró "un error" mantener este periodo transitorio, ya que "la llegada de los ciudadanos de origen rumano ha disminuido mucho y disminuirá los próximos años porque Rumanía necesita mano de obra por el incremento de su producción industrial".
Por su parte, la portavoz de la Asociación búlgaro-española Cirilio y Metodio (patronos de Bulgaria), Guergana Tsenova, sotuvo que esta medida "restringe" los derechos de estos colectivos y acusó al Gobierno de tratarles como "ciudadanos de europeos de segunda".
Asimismo, Tsenova señaló que esta decisión, "injustificada", "incentiva la economía sumergida con consecuencias sociales nefastas". Sin embargo, reconoció que "esperaba" que el Ejecutivo español no anulara la moratoria un año antes de los previsto, ya que, "el pasado mes de noviembre los ministros de Exteriores de Bulgaria y Rumanía vinieron a España para tratar este tema con el Gobierno y no consiguieron nada", apuntó.
