Las mujeres víctimas de violencia podrán ser atendidas indistintamente en centros de las CC.AA con estatuto reformado

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres víctimas de violencia de género podrán ser atendidas de forma indistinta en las casas de acogida, centros de emergencia y pisos tutelados de las seis comunidades autónomas que reformaron su Estatuto de Autonomía la pasada legislatura --Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña, Valencia y Castilla y León--.

Este fue uno de los acuerdos alcanzados en el III Encuentro de las seis comunidades autónomas con estatutos de 'nueva generación' que tuvo lugar hoy en Valladolid, donde también se rubricó un convenio destinado a impulsar licencias intercomunitarias de caza y pesca para evitar repetir "trámites". Así, como avanzaron los responsables de las autonomías, los convenios están abiertos al resto de autonomías españolas, a las que se les hará llegar los textos para que se adhieran.

Ambos documentos fueron firmados hoy en la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León por el vicepresidente y consejero de la Presidencia de Andalucía, Gaspar Zarrías; el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel; el consejero de Interior y Justicia de Cataluña, Joan Saura; el consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano; el consejero de Presidencia de Baleares, Albert Morague, y el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

Esta es la tercera reunión de las seis comunidades autónomas con estatutos de autonomía reformados, después de la celebrada en julio de 2008 en Zaragoza y la de octubre de Sevilla, en las que se perfilaron los acuerdos que se firmaron hoy. Así, en este encuentro se fijó una agenda de trabajo a través de la que se consensuó la celebración de al menos tres reuniones anuales con el objetivo de avanzar en la colaboración y cooperación horizontal.

En concreto, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y león, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró "absolutamente necesario" incidir en la colaboración horizontal entre comunidades, algo, a su juicio, esencial para avanzar en el estado de las autonomías. "Llevamos 30 años de consolidación de las comunidades autónomas, reclamando competencias, ahora es el momento de profundizar en la cooperación y colaboración horizontal", aseveró.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de la Presidencia de Andalucía destacó la importancia de poner en valor la cooperación entre comunidades, algo que, a su juicio, se ha "echado en falta" en el proceso del Estado autonómico. Como señaló Zarrías la cooperación horizontal deja "mucho que desear" con tal sólo una treintena de acuerdos en 30 años de autonomía frente a los más de 10.000 rubricados entre el Estado y las comunidades, por lo que abogó por trabajar en pro de la colaboración, al tiempo que advirtió que las reformas estatutarias no son más que una excusa para avanzar en la cooperación.

El vicepresidente de Aragón se congratuló de la puesta en marcha de este "grupo de ilusión" a través del que se "avanza" en temas de "vital" importancia para los ciudadanos y que se hacen visibles a través de los acuerdos firmados hoy.

Asimismo, el consejero de Interior y Relaciones Institucionales y Participación de Cataluña destacó la importancia política de este encuentro porque es una iniciativa que se lleva a cabo por primer vez en la democracia e insistió en el impulso de la colaboración horizontal que se da cada vez más en todos los países confederales. "El objetivo es simplificar la vida de la gente", señaló Saura.

El consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana aseguró que el objetivo principal del trabajo desarrollado desde las seis comunidades con estatutos reformados durante la pasada legislatura es "facilitar la calidad de vida" y "simplificar los trámites" de los servicios públicos. "Nos preocupan los problemas diarios de los ciudadanos en cuestiones comunes de gestión diaria", señaló.

Por último, el consejero de Presidencia de Baleares mostró su satisfacción por los acuerdos y señaló que este es el primer paso de una camino hacia un "futuro incierto" que abre "posibilidades". "Desde las comunidades construimos ahora un futuro", concluyó Moragues.

LOS ACUERDOS

Todos los responsables autonómicos destacaron la importancia de ambos acuerdos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2010, aunque destacaron la relevancia del relativo a violencia de género porque permite "unir fuerzas" para combatir esta "lacra social" y un "gran cáncer", como lo denominó el consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana.

A través del primer acuerdo de colaboración pone a disposición las casas de acogida, centros de emergencia y pisos tutelados de las seis comunidades autónomas para ofrecer cobertura en los casos que así lo demanden. La coordinación de estas redes será permanente y cuando una comunidad autónoma precise una plaza fuera de su territorio se activará el protocolo de derivación. Cada gobierno, de acuerdo a su normativa interna, tramitará el ingreso basándose en los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, y lo comunicará a través de medios telemáticos a la comunidad de origen.

Así, en casos de extrema gravedad o peligro inminente para la víctima la atención coordinada deberá resolverse en un plazo máximo de 24 horas. A las medidas previstas en el acuerdo tendrán acceso las mujeres que, en cualquiera de las comunidades firmantes, acredite su situación como víctima de violencia de género. Para ello se desarrollará un sistema de comunicación directa entre los organismos competentes en la materia de las comunidades para conocer la disponibilidad de las plazas.

Esta puesta en común de los centros de acogida implica ventajas para la mujer que ha sufrido o sufre este tipo de violencia. De este modo, verán mejorada la protección frente a los agresores y podrán hacer efectiva la necesidad de alejarse de manera inmediata del maltratador así como poder rehacer su vida fuera de ese entorno físico y geográfico.

El segundo de los acuerdos suscrito hoy en Valladolid permitirá liberar a los cazadores y pescadores de la obligación de obtener una licencia distinta y de repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada una de las comunidades autónomas donde pretendan cazar. Así, las seis comunidades autónomas se comprometen a realizar las modificaciones legislativas y normativas necesarias que conduzcan al reconocimiento recíproco en su territorio de la validez de las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas interiores expedidas por las demás comunidades firmantes.

Para que las comunidades autónomas firmantes reconozcan en su territorio la licencia de caza o de pesca expedida por cualquiera de ellas, será necesario que la licencia haya sido expedida por la comunidad autónoma donde el interesado tenga su vecindad administrativa, que el beneficiario cuente con la edad mínima para el ejercicio de las actividades de caza y pesca que establezca la normativa autonómica en cuyo territorio pretenda su ejercicio y, por último, el abono de la tasa exigida por la comunidad autónoma donde el pescador o cazador desee ejercitar su derecho para lo que todas las comunidades firmantes facilitarán el pago electrónico de la tasa prevista en su normativa.

La firma de este convenio se realiza sin menoscabo de las competencias exclusivas de cada una de estas comunidades autónomas. Así, durante el ejercicio de estas actividades el beneficiario deberá portar la licencia, el justificante de pago de la tasa y el resto de documentación exigible en la comunidad autónoma en cuyo territorio esté cazando o pescando, como los seguros obligatorios.