La mayoría eran desde Cataluña y formuladas por hombres entre 31 y 40 años
MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 76 personas afectadas por el sida realizaron consultas sobre sus derechos laborales, legales, de bienestar social y sanitarios entre los pasados meses de enero y junio a los profesionales del servicio de asesoría del Observatorio Derechos Humanos y VIH/Sida, informaron hoy en un comunicado, donde destacaron que las consultas este año se cuadruplicaron respecto a las de 2006.
La mayoría de las dudas trasladadas al Observatorio estaban relacionadas con el empleo y el bienestar social, respecto a los que un total de 36 personas --18 y 18, respectivamente-- tenían dudas. Se trata de la primera vez que la mayor parte de las preguntas no tocan temas sanitarios, sobre los que sólo se hicieron 15 consultas. Por debajo quedaron las cuestiones sobre seguros y servicios financieros (10); vida familiar (6); procesos judiciales (2) y vivienda (1). Destacan que sobre educación "no se recibió ninguna consulta".
Sobre empleo, casi todas las consultas hicieron referencia al hecho de que para entrar a trabajar les pedían como requisito la prueba de anticuerpos al VIH. Otras fueron sobre la obligatoriedad de la prueba al ir a los exámenes médicos de la empresa, el 'mobing' y la confidencialidad de los médicos de la mutua o de la empresa.
Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que más registros tuvo en este ámbito (33,33%), seguida de Canarias (22,22%); Andalucía (16,67%); Madrid (11,11%) y Aragón y Baleares (5,56%, cada una). Atención especial merecen las regiones de Andalucía y Canarias, dado que más del 40% de sus consultas recibidas fueron en este ámbito.
En el sector del bienestar social, que en 2006 ocupó el puesto cuarto en las prioridades de los usuarios y ahora comparte el primero con el empleo, la principal consulta fue sobre el derecho a las pensiones --tanto contributivas como no contributivas-- y en menor medida derecho al paro y ayudas económicas.
La mayoría de los y las consultantes fueron de España y hubo tres extranjeros (Guinea Ecuatoriana, Suecia y Cuba). Por comunidades autónomas, Cataluña volvió a tener el mayor número de registros en este ámbito (50%), seguida de Madrid y Valencia (11,10% cada una) y Andalucía, Aragón, Canarias y Galicia, con 5,56% cada una.
MENOS CONSULTAS SOBRE SANIDAD, MAS DE EMPLEO.
Bajaron las consultas sanitarias, que de ser el primer ámbito pasó a segunda posición, y las consultas fueron sobre temas que van desde la actitud estigmatizadora del personal médico frente a la seropositividad hasta la falta de atención en los servicios de urgencia, la obligatoriedad de declarar el VIH antes de una intervención o los malos tratos recibidos por parte del personal sanitario, entre otros.
Cataluña y Baleares fueron las que obtuvieron el mayor número de consultas (26,66% y 20%, respectivamente), le siguieron Canarias y Madrid (13,33% cada una) y finalmente por Castilla y León, Galicia, Valencia y Ceuta (6,67% cada una).
Sobre Seguros y otros servicios financieros, la principal consulta fue la de la obligatoriedad de las pruebas médicas --que incluye la de anticuerpos al VIH-- o la de notificar el estado serológico a las entidades financieras para acceder a un crédito hipotecario. El 80% de los consultantes eran españoles y dos fueron extranjeros (20%), uno de Colombia y otro de Reino Unido. Por regiones, Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid hicieron la mayoría de las consultas (30%, 20%, 20% y 20%, respectivamente) y de Galicia solo fue el 10%.
En relación con la vida familiar, los usuarios preguntaron por la custodia de los niños, las relaciones sexuales sin protección, la inseminación artificial, el maltrato y la confidencialidad. Las consultas sobre la administración fueron formuladas por latinoamericanos y versaron sobre si existía alguna ley que les impidiera entrar al país por ser personas con VIH.
De la vida cotidiana, preguntaron sobre violación de la intimidad, la negación de servicios por parte de empresas privadas y sobre la violación de la confidencialidad. Las consultas de justicia fueron sobre la pena en la que incurrían si violaban el derecho a la confidencialidad.
MAS DENUNCIAS POR INTERNET.
Más de la mitad de los usuarios del servicio de asesoría (60,52%) se pusieron en contacto con el Observatorio por teléfono pero para hacer denuncias muchos apostaron por el correo electrónico (44,74%). Quien más preguntó fue la propia persona afectada por el problema, en el 84,21% de los casos, aunque también se decidieron a consultar las ONG (10,54%) y las familias (1,31%).
Preguntaron más los hombres (61,84%) que las mujeres (38,16%) y las personas con edades comprendidas entre los 31 y los 40 años (47,62%), seguidos de usuarios mayores --con edades entre los 41 y los 50 años (30,16%)-- y los jóvenes entre 21 y 30 (12,70%). Quienes menos consultaron fueron los mayores de 60 años (1,58%) y quienes se encuentran en la franja de edad entre 51 y los 60 años (7,94%).
Los usuarios fueron sobre todo españoles (81%), pero también latinoamericanos (13,52%), europeos (2,70%) y africanos (2,70%). Por comunidades autónomas, Cataluña fue donde más consultas se recibieron (35,21%), seguida de Madrid (14,08%); Canarias (12,68%); Andalucía y Valencia (9,86% cada una); Baleares (7,04%); Galicia (5,63%); Aragón (2,81%) y Castilla y León y Ceuta (1,41% cada una).
