MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer rechazó hoy una proposición no de Ley del PP que instaba al Gobierno a promover el cese o renuncia de todos aquellos que en la actualidad ostentan un cargo político y hayan sido condenados por violencia de género.
Ningún grupo parlamentario dio su apoyo a la propuesta de los "populares" que, además, pedía al Ejecutivo impulsar las reformas legales necesarias para impedir que condenados por sentencia firme en casos de violencia de género puedan ocupar puestos de responsabilidad pública.
La diputada del PP Susana Camarero, que defendió la iniciativa, explicó que perseguía dar ejemplo porque "la clase política tiene que ser la primera que haga una demostración de tolerancia cero" hacia la violencia de género. A su juicio, la propuesta afecta a los dos grupos mayoritarios especialmente. En este sentido, insistió en que "populares" y "socialistas" se están encontrando con este tipo de sentencias a las que hay que dar respuesta.
Camarero se refirió al caso de un cargo del PP en Asturias que ha sido condenado por vejaciones y expulsado del partido, aunque no dio nombre ni apellidos. Sí los facilitó en el caso del PSOE, al referirse al actual presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, del que recordó fue condenado por malos tratos a su esposa y dimitió como vicepresidente del Parlamento Vasco. Camarero criticó que ahora tenga un "cargo de gran relevancia" en el PSE. Fuentes socialistas explicaron posteriormente que Eguiguren fue condenado en 1992 por la Audiencia Provincial de San Sebastián a 17 días de arresto por una falta de lesiones.
En su respuesta, la senadora socialista Maria Antonia Martínez calificó de "demagógica y alarmista" la proposición no de Ley y reprochó a la parlamentaria del PP que cite un caso ocurrido hace 15 años, cuando existen otros más recientes. En este sentido, señaló que recientemente un edil socialista de un pueblo de Sevilla fue condenado y expulsado, entonces por el PSOE. Igualmente, afirmó que existen otros casos en procesamiento que no citó por respecto a la presunción de inocencia.
"Me piden desde estos bancos que cite casos del PP, pero no lo voy a hacer. Los que están en proceso, por respeto a la presunción de inocencia y los que han sido sentenciados, porque la justicia actuará de acuerdo a la Ley. Si al PP no le gusta el Código Penal, que presente una enmienda a la reforma que se tramita ahora en el Parlamento", advirtió. Asimismo, indicó que no es el Gobierno el que tiene que cesar a cargos políticos condenados por malos tratos sino cada partido político en asunción de su responsabilidad.
PLAN INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.
Por otro lado, la Comisión Mixta sí dio su apoyo a otra proposición no de Ley del PP que pide al Gobierno aprobar con urgencia un Plan Integral de lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños. La diputada del PP, María Jesús Sainz, que defendió el texto, recordó que el Gobierno debió aprobar este plan el pasado 16 de noviembre. "No se ha hecho nada y ahora se escudan en que están esperando las conclusiones de la Ponencia del Congreso sobre Prostitución", reprochó.
Por su parte, la socialista Lourdes Muñoz replicó que el Ejecutivo
constituyó el pasado año un grupo de trabajo presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para elaborar el Plan y que sólo espera a las conclusiones de la Ponencia de Prostitución, que serán validadas por la Comisión Mixta el próximo 17 de abril, para aprobarlo, como signo de respeto a la labor parlamentaria.
En lo que sí coincidieron ambas, junto con la diputada de CiU, Mercé Pigem es en defender que el tráfico de personas con fines de explotación sexual está íntimamente ligado al fenómeno de la prostitución, adelantando la postura que próximamente defenderá el Parlamento en contra de la reglamentación de esta actividad cuando se realiza de forma voluntaria.
Finalmente, la Comisión también dio el visto bueno a una iniciativa del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a impulsar, en el ámbito de sus competencias, las políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres presas en los centros penitenciarios.
