MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Barrachina, denunció hoy que "es mentira" que la Ley de Dependencia haya beneficiado ya a más de cien mil personas, tal y como el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), Jesús Caldera, afirmó ayer en el Congreso de los Diputados. Según el PP, la medida aún "no ha beneficiado a nadie" porque no se ha desarrollado su aplicación.
Barrachina explicó a Europa Press que "para poder recibir dinero" por situación de dependencia hacen falta tres requisitos: la baremación que estime la cantidad de casos que hay en cada comunidad autónoma y cuántos fondos se necesitarán para apoyarlos; la firma del convenio entre la citada autonomía y el Gobierno para la asignación de fondos y, por último, el plan individualizado de atención que establecerá las necesidades de cada uno de los dependientes.
"Esto no existe en ningún caso", afirmó Baranchina porque aún "no se ha acabado la baremación en ninguna comunidad autónoma y ninguna ha firmado el convenio" con el Ejecutivo Central, luego los supuestos nuevos beneficiarios "son las personas a las que las comunidades autónomas ya estaban atendiendo" antes de la entrada en vigor de la ley.
"Caldera, a día de hoy, sólo se ha gastado 88.000 euros de los 400 millones" presupuestados para la Ley de Dependencia, y "lo ha gastado en una campaña publicitaria el pasado mes de marzo, cerca de las elecciones municipales y autonómicas, con el título 'Tienes un nuevo derecho'", denunció Barrachina.
Eso significa que "no se ha ejecutado ni el uno por ciento" del presupuesto y ahora "lo que está intentando hacer para quitarse el dinero de encima y poder apuntarse como propios los servicios que ya venían prestando las comunidades autónomas con su propio dinero, es conseguir que al menos" los gobiernos regionales "firmen una especie de anexo" por el que se les entregaría el dinero con carácter retroactivo.
"La gestión está siendo absolutamente desastrosa", denunció el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, para quien la prueba está en el caso de Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Ministerio de Trabajo sin que sea necesario convenio alguno y, sin embargo "se ha tardado diez meses" en aprobar el Real Decreto que desarrollará sus ayudas.
