MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP ha aclarado en su paquete de enmiendas al proyecto de Ley de Parques Nacionales que el suelo de estos espacios no será urbanizable, salvo en el caso de tres municipios enclavados en Picos de Europa y Monfragüe, contemplados en sus respectivas leyes declarativas, frente a las advertencias de la oposición de que con esta nueva normativa se iba a poder construir en estos espacios naturales.
Así lo ha explicado a Europa Press su portavoz en la materia, María Teresa de Lara, con motivo de la presentación por parte de todos los grupos parlamentarios de las 186 enmiendas parciales al texto planteado por el Gobierno a la nueva normativa de parques nacionales, que reforma la anterior puesta en marcha por el exGobierno socialista y con Cristina Narbona como ministra del ramo.
Precisamente, la semana pasada el Pleno del Congreso tumbó (con los votos del PP, Foro de Asturias, y UPN) la petición de PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG de devolver al Gobierno el citado proyecto de Ley. Entre sus principales quejas se encontraba que esta norma abría la puerta a la urbanización de estos espacios naturales.
Según explica De Lara, la ley que ha presentado el Gobierno "deja claro" que el suelo de parque nacional "no es urbanizable", si bien hay tres excepciones. Así, una de sus enmiendas recoge la excepción que 'sufren' tres municipios enclavados en el Parque Nacional de Monfragüe y en el de Picos de Europa, cuyas leyes declarativas sí recogen sus derechos "a poder vivir", mientras que "la ley de 2007 se olvidó".
La enmienda pretende compatibilizar el hecho de la existencia de núcleos urbanos en los parques nacionales de Picos de Europa y de Monfragüe, reconocida en sus leyes declarativas, con el mandato de evitar la inclusión de territorio urbano dentro de los parques nacionales.
En otra de sus nueve enmiendas, el Grupo Popular señala que será el Estado el que financie las funciones que le atribuye el nuevo redactado de la ley. Al mismo tiempo, se aclara que, en la fase de declaración de parque nacional, sólo se deberán identificar aquellas actividades que pudieran resultar incompatibles con la figura de parque nacional, mientras que será el plan rector el que determine las actividades compatibles.
A su vez, hay otra enmienda que establece el derecho del Gobierno a adquirir la compra de determinadas fincas situadas exclusivamente en el interior del parque. Eso sí, también plantea una excepción con los "enclavados", es decir, una finca privada que no pertenece al parque, "como sucede en El Teide".
Por otro lado, el PP indica que debe ser la Administración General del Estado, entre sus nuevas funciones, no la que proponga sino la que establezca los criterios comunes para mantener la imagen corporativa y la "debida uniformidad" del personal que por sus funciones se requiera.
ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN
Por parte del PSOE, su ponente en esta ley, Alejandro Alonso, ha subrayado que sus 33 propuestas a esta ley se centran en evitar que los parques nacionales sean urbanizables.
Por ello, pide la supresión de la expresión "o susceptible de transformación urbanística" en el articulado de la ley, ante la posibilidad de aprobar usos urbanísticos en el interior de los parques, "una contradicción con la figura de protección que representan y un atentado contra los intereses ambientales".
Además, sus propuestas al texto del Gobierno quieren evitar que se permita la caza comercial, como en su opinión, abre la puerta esta normativa con su texto "ambiguo", y ésta siempre esté subordinada al control de poblaciones.
En su opinión, con el proyecto de ley, el PP "intensifica" la intervención de la Administración del Estado en detrimento de las competencias de las comunidades autónomas. También las enmiendas plantean que no se considera aceptable las modificaciones que afectan al Parque Natural de Monfragüe y Picos de Europa.
"Las enmiendas socialistas denuncian un cambio de modelo donde priman los intereses privados y la utilización privativa", sentencia el socialista, insistiendo en que sus enmiendas están enfocadas en garantizar la conservación de las "joyas ambientales" de España, como son los parques nacionales, frente al "objetivo privatizador" del PP.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), sus 42 enmiendas se centran en mantener la protección frente a algunas actividades como la caza o la excesiva mercantilización en la gestión, así como en evitar la recentralización que, a juicio de su portavoz en la materia, Laia Ortiz, se pretende con esta ley.
