PP y PNV, dispuestos a apoyar en el Congreso la iniciativa de CiU para reducir el IVA a las residencias de mayores

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El PP y el PNV tienen intención de apoyar mañana la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley presentada por CiU en la que se solicita la reducción del 7 al 4 por ciento el IVA aplicado a la prestación de servicios y asistencia social en centros residenciales, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Estos tres partidos suman en el Congreso más votos que el PSOE.

El portavoz de Economía y Hacienda de CiU, Josep Sánchez Llibre, explicó que "esta medida tiene como objetivo reducir la elevada carga económica que supone para muchas familias tener a sus parientes en centros residenciales de asistencia".

En este sentido, destacó que "la esperanza de vida cada vez es mayor y, a la vez, las transformaciones sociales ofrecen cada vez menos posibilidades para que las familias puedan atender debidamente a sus mayores, con lo cual, optan por acceder a centros residenciales" o por servicios concretos de centros especializados, a cuyo coste hay que añadir el 7 por ciento del IVA.

EL GOBIERNO VETÓ UNA PROPUESTA SIMILAR DEL PP

Durante el debate de mañana, es previsible que el PP apoye la toma en consideración de esta proposición de ley, ya que el año pasado presentó una iniciativa en la Cámara baja en esta misma línea. En aquella ocasión, el Gobierno socialista vetó la propuesta de los 'populares' alegando que su entrada en vigor "supondría una disminución de los ingresos presupuestarios" del Estado, que cifró entorno a los 60 millones de euros.

El Gobierno indicaba, en un escrito fechado en septiembre de 2008, que a "una parte muy considerable de los servicios prestados por residencias geriátricas" se les aplica el tipo reducido del 4 por ciento, "sea porque se trata de servicios prestados por entidades privadas de carácter social, sea porque se trata de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria".

"Sin perjuicio de otras consideraciones como la inexistencia de garantías respecto de su traslación al precio final", añadía el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, la puesta en marcha de esta reducción supondría en cualquier caso "un coste evidente en términos recaudatorios por minoración de los ingresos públicos".