Profesor.- Madrid estudiará todas las "posibilidades legales" para que se pueda aplicar la ley a todos los docentes

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estudiará todas las "posibilidades legales" para que todos los profesores, incluidos los de la privada y la concertada, puedan tener el rango de autoridad pública con la futura ley sobre la Autoridad del Profesor, anunciada esta semana por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

"Vamos a estudiar todas las posibilidades legales para que en el ámbito de las competencias se pueda extender o incluir con la Ley también a estos docentes", indicó la consejera de Educación, Lucía Figar, quien señaló que, no obstante, primero tienen que tener "muy claro" que todos desean ser beneficiarios de esta Ley.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Figar compareció para explicar esta futura normativa que ha abierto el debate nacional, y donde insistió en que, sin ánimo de meterse en algo que no les compite, estudiarán la posibilidad de poder aplicar dicha ley que, de momento, está planteada sólo para los centros públicos.

No obstante, recalcó que "a día de hoy" lo que conocen es que no hay una "clara unanimidad dentro del ámbito de la privada y la concertada en relación con este asunto", por lo que ahora toca el turno de reunirse con las patronales, en las mismas mesas de diálogo que ya están constituidas, para conocer realmente cuál es la demanda y estudiar si se puede aplicar.

"Siempre hemos entendido que debemos respetar o no interferir en la autonomía pedagógica que tienen estos centros pero vamos a oír y abrir un proceso de diálogo con todas las patronales para conocer su opinión", explicó Figar, quien, por otro lado, destacó la diferencia que hay entre los profesores de unos centros y otros.

Así, explicó que la ley estaba planteada en un principio para los profesores de los centros públicos porque son funcionarios, y por lo tanto se le puede aplicar el rango de autoridad, y porque, por otro lado, son estos centros los que forman parte de la red dependiente del Gobierno regional.

UNA LEY NECESARIA

Por otro lado, la consejera aseguró que el impacto que ha tenido el anuncio de la presidenta demuestra que era algo "muy necesario" y que "buena parte de la sociedad y, en particular, de la comunidad educativa, estaba demandado a las administraciones". De hecho, señaló que el incidente de ayer en el colegio público Loyola de Palacios, demuestra esta necesidad y por eso se van a poner a trabajar para sacar la ley este otoño.

"Nos alegramos de que se haya abierto este debate y estamos determinados a llevarlo a cabo pero somos los primeros que consideramos que puede extenderse a todo el ámbito nacional", apostilló.

En cuanto a la circular de la Fiscalía General del Estado de 2008 que ya reconocía una agresión a un docente de centro público como delito, Figar destacó que este texto "no obliga a ningún juez" sino que recomienda o pide a sus fiscales "a actuar en defensa de un determinado principio".

"El juez lo que obliga es la norma, que puede ir por la vía que se está planteando en algunos ámbitos, con la reforma del Código Penal, o por la vía de un reconocimiento de una norma con rango de ley, que es lo que se va a hacer con Madrid", indicó la consejera, quien insistió en que lo que van a hacer ellos no es nada nuevo y que otras comunidades como Valencia o Cataluña ya lo tienen recogido de diferente manera.

Además, recordó que la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su artículo 104 encomienda y pide a las administraciones educativas que adopten todas las medidas para que los profesores "reciban el trato, el respeto y la consideración de acuerdo a la tarea que tienen encomendada".

Con esto, Figar aseguró que no tienen "ninguna duda legal" a este respecto, y que en cuanto al estudio de posibilidades legales para atender esta petición de los profesores de la privada y la concertada, si es unánime, la situación es la misma: "no tenemos ninguna duda de que tenemos competencia para hacerlo", recalcó.

EFECTOS PENALES

En la misma dirección, Figar aclaró que no se ha pensado contemplar cuestiones como poner un estrado al profesor o que los niños tengan que levantarse al comienzo de clase para decir buenos días --si bien el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, indicó en tono jocoso que no estaría mal que los alumnos aprendieran un código de buenos modales--.

Según la responsable de Educación, la ley tiene efectos en el ámbito administrativo, efectos en el plano disciplinario y tendrá efectos penales "además del lógico efecto de apoyo y reconocimiento social e institucional de la función docente y que a día de hoy carece".

Respecto a esto, el portavoz del Ejecutivo autonómico aclaró que lo importante de todo esto es que este anuncio ha puesto el "dedo en la llaga" de una cuestión pendiente que viene reclamando su Gobierno "desde hace mucho tiempo" y que consiste en la necesidad "de recuperar el orden y la disciplina dentro de los colegios y los institutos".

En su opinión, sólo de esta manera se puede garantizar que se puedan llevar hacia delante las tareas pedagógicas en la enseñanza y la formación de los alumnos, "que era algo que había llegado a una situación de degradación como se ha visto en multitud de imágenes", añadió González, explicando que estas imágenes en cuestión recogían insultos y agresiones.

En la misma dirección, destacó que el discurso que hizo ayer el Rey en la inauguración del curso escolar fue una "llamada de atención" de la necesidad que tienen todas las administraciones de poner orden en los colegios "porque es fundamental para que sean los centros de formación de las generaciones futuras". "Lo más importante es que se ha puesto encima de la mesa la necesidad de recuperar la autoridad en el aula, que puede tener el alcance legal, pero también moral", subrayó.

También vino a explicar porque en un principio se trató el tema sólo con los profesores de la pública: "Vamos a legislar en el ámbito que nosotros podemos, y es verdad que el ejercicio de una autoridad pública se tiene que reconocer a alguien que tenga la condición de funcionario público porque así lo establece la ley, pero eso no quita para que estudiemos, veamos y queramos que se reconozca la autoridad del profesor, cualquiera que sea la naturaleza del centro, porque así se conseguirá el objetivo".

Preguntado por el rechazo que tuvo ayer la propuesta de los socialistas de crear una comisión de Educación permanente en la Asamblea para abordar cuestiones como la de la autoridad y el fracaso escolar, González apuntó que dicho organismo no es necesario porque existe ya una comisión que se reúne todas las semanas en la Asamblea.

Esta comisión, recordó el portavoz, tiene su calendario aprobado "donde se puede tratar todos y cada una de las cuestiones del ámbito educativo sin ningún tipo de limitación". "Cualquier cuestión que se pueda plantear tiene su cauce, como viene haciéndose de otras comisiones, como las de urbanismo", concluyó.

LEYES CON CONSENSO

Por otro lado, González afirmó que, tanto para la redacción de esta ley como para la reforma de la Ley del Suelo, el Gobierno regional intentará alcanzar el "mayor consenso" con los partidos de la oposición, ya que "siempre está en disposición de diálogo". "Ojalá podamos llegar al grado de consenso total o al mayor grado del consenso en la concreción del texto", dijo.

No obstante, la consejera de Educación recordó que "tampoco es muy positivo" para que esta buena relación prospere el hecho de que el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ya haya calificado de "chapuza" la Ley de autoridad del profesor sin conocer su contenido.