LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría de la Mujer de CCOO, ante la muerte de una mujer en Galilea, reclamó de nuevo al Gobierno regional la creación de una Ley integral contra la violencia de genero, que "palie el alto nivel de violencia que se registra en nuestra comunidad". La Rioja es la octava comunidad autónoma en porcentaje, en la que más se denuncian malos tratos, con 1.361,4 denuncias por millón de mujeres.
El sindicato señaló que en los últimos cinco años las denuncias por malos tratos "han aumentado" en La Rioja un 143 por ciento. Indicó que desde 1999 los malos tratos a mujeres han aumentado en La Rioja en un 342 por ciento, pasando de 103 en el año citado a 536 en 2006.
CCOO reseñó que casi diariamente se denuncia algún tipo de malos tratos contra las mujeres en La Rioja y de ellos, 80 personas acumulan dos o más delitos por violencia doméstica. Si tenemos en cuenta que las apreciaciones de los expertos establecen que sólo se denuncia el 10 por ciento de las agresiones, se puede establecer la gravedad real de este problema en La Rioja.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de "seguir avanzando en medidas sociales y jurídicas que corten de raíz esta escalada de violencia, donde las mujeres son las trágicas protagonistas". Es preciso, añadió el sindicato, reconocer la "gravedad de este problema social, expresión de la discriminación sexual existente y del desprecio e infravaloración de las mujeres implícitos en modelos y pautas que nuestra cultura sigue transmitiendo".
Para CCOO son "precisos cambios en las normas y valores que toleran y fomentan la violencia, así como en todo aquello que refuerza actitudes y comportamientos sexistas". "Es imprescindible mejorar los mecanismos de información y asesoramiento a mujeres ante situaciones de violencia. También es fundamental conseguir una mayor sensibilidad en la sociedad en general y de forma particular a todas las personas implicadas, tanto en la atención sanitaria como en los procesos de denuncia (policía, abogacía, fiscalía o judicatura)".
Finalmente indicaron que es "urgente" que los poderes públicos "protejan efectivamente" los derechos fundamentales de las personas, articulando medidas cautelares de carácter preventivo que aseguren la protección de las víctimas y garanticen la aplicación de la pena a los culpables y sobre todo adoptando un Plan Integral contra la violencia de género que contemple actuaciones eficaces de la intervención policial y de los poderes judiciales, así como en el campo de la enseñanza, la atención sanitaria, los servicios sociales, la vivienda y el empleo.
