MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos del Congreso de los Diputados han pedido este martes al Gobierno que establezca un baremo de valoración del grado de discapacidad de las personas con ceguera o deficiencia visual grave que les permita acceder a las subvenciones que las administraciones públicas destinan a sufragar el transporte y la movilidad de personas discapacitadas.
La proposición no de ley ha sido presentada conjuntamente entre el PSOE y el PNV y ha recibido el apoyo del resto de los grupos. Durante su intervención en el Pleno del Congreso, el portavoz de la formación nacionalista, Emilio Olabarría, ha denunciado la "imposibilidad" que sufren las personas ciegas de "viajar libremente" debido a la cantidad de "obstáculos a los que se tienen que enfrentar", lo que les lleva a tener que utilizar "transportes más caros, como ir en taxi o contratar un acompañante".
Según ha explicado, a día de hoy una persona con pérdida total de visión no obtiene la puntuación suficiente en dicho baremo para acreditar que tiene dificultades a la hora de utilizar los transportes colectivos, lo que le impide beneficiarse de las ayudas económicas que ofrecen las administraciones para facilitar su movilidad.
Por eso, Olabarría ha defendido la necesidad de que se modifique este baremo, de modo que se examinen "las capacidades sensorales-perceptivas" de las personas, algo que en estos momentos no sucede.
EL GOBIERNO PREPARA EL CAMBIO
Por su parte, la portavoz socialista, Paqui Medina, ha dicho que el Gobierno "ya está trabajando" en esta modificación y ha destacado "la sostenida transformación que en los últimos años" ha implantado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad, pese a que ha reconocido que "siguen existiendo barreras físicas y sociales" y situaciones de "injusticia y dificultad".
Finalmente, los representantes de CiU y ERC, Carles Campuzano y Joan Tardà, respectivamente, han aplaudido la iniciativa aunque lamentan que el texto no fije un plazo concreto para que el Gobierno cumpla este mandato de la Cámara Baja.
