VIC (BARCELONA), 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos de Vic mostraron hoy su apoyo al alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), tras el dictamen de la Abogacía del Estado que considera improcedente no empadronar a extranjeros sin visado, y acusaron al Gobierno de hipócrita por evitar tratar la cuestión de la inmigración ilegal.
El alcalde anunció hoy que acatará el dictamen aunque no lo comparta, y reclamó al Estado que cumpla y que haga cumplir la Ley de Extranjería. Asimismo, le pidió que ayude económicamente a los municipios para atender las necesidades de los inmigrantes en situación irregular.
En declaraciones a Europa Press, el letrado Jordi P., de 36 años, calificó de "muy razonables" las peticiones del alcalde, y tildó de "hipócrita" la reacción de los políticos ante los criterios de empadronamiento propuestos por el Consistorio. "Si la Ley de Extranjería regula los requisitos de entrada al país hay que cumplirla, sino, que la cambien para que entre todo el mundo", concluyó.
También en declaraciones a Europa Press, el doctor Jorge M., de 66 años, consideró de "sentido común" que para garantizar la sostenibilidad de los servicios sociales sus usuarios deben poder trabajar y contribuir a su mantenimiento.
Lamentó la falta de apoyo institucional para atender a los inmigrantes, y subrayó que en un Centro de Atención Primaria (CAP) de Vic se visita a un niño cada tres minutos. "Es una barbaridad", dijo, y recordó que el 60 por ciento son extranjeros y a menudo no entienden ni catalán ni castellano. "Jugamos con la vida del paciente y la integridad del médico pero la Conselleria de Salud ni siquiera respondió cuando reclamé a un intérprete", remachó.
Añadió que la picaresca es "muy notable", y apuntó que embarazadas de otros países se empadronan en la ciudad un mes antes de dar a luz para obtener acceso a la sanidad pública y a ayudas sociales. Tras el parto, regresan a su país de origen, apostilló.
LEYES CONTRADICTORIAS
La profesora Irene V., de 29 años, explicó a Europa Press que la decisión del Gobierno es un "agravio comparativo" hacia los extranjeros en situación regular y hacia los locales, y afirmó que las leyes se contradicen. "Cómo es posible que una persona que no puede estar en España acceda a los mismos servicios que los demás?", se preguntó.
Asimismo, acusó a los partidos políticos de caer en la "crítica fácil" a la ciudad en lugar de reconocer incongruencias entre las leyes, y de tomar medidas para atajar la inmigración ilegal. Aseguró que Vic ha recibido calificativos muy injustos, y reiteró su "decepción" con el Govern y con el Estado. La controversia delata "un problema real del que hay que hablar", concluyó.
La abogada Júlia R., de 36 años, opinó que el dictamen aumentará la desafección hacia los políticos, y los criticó por limitar su discurso sobre la inmigración a lo "políticamente correcto" y obviar las contradicciones en las leyes sobre extranjería. Asimismo, criticó a diversos medios de comunicación por no reflejar "en absoluto" en sentir de los ciudadanos de la localidad. "Estamos hartos", remachó.
La administrativa Rosa A., de 51 años, también expresó su "decepción total" con las administraciones, y lamentó que la clase media sea, de nuevo, una de las grandes perjudicadas por el dictamen del Gobierno. "Tenemos que pagar más impuestos y mantener a personas que no tienen permiso de trabajo", dijo, y destacó que no hay recursos para absorber "a todo el que venga". "No puedo más", apostilló.
