Luis Palomino.- El sector de los residuos peligrosos ante nuevos desafíos

Las diferencias en la aplicación de la legislación ambiental por parte de las autonomías es la principal traba que encuentran las empresas que se dedican a la gestión de este tipo de residuos.

Diariamente se generan miles de toneladas de residuos peligrosos. La gestión de estos materiales da lugar a cierta preocupación social, a pesar de que se trata de una actividad ineludible para poder asegurar un desarrollo sostenible.

En 1992, la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) asumió la responsabilidad de una gestión transparente y segura de este tipo de residuos. Sus asociados se comprometen a certificar sus instalaciones según las normas de gestión ambiental (ISO 14001 y EMAS) y de calidad (ISO 9000) para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, e incluso ir más allá de lo establecido por esta normativa.

A pesar de que entre los objetivos de ASEGRE, cuyos socios gestionan más del 90% de los residuos peligrosos generados en España, se incluye la colaboración con las Comunidades Autónomas, concretamente con su actividad inspectora, el sector debe enfrentarse a una problemática diversa que les afecta a ellos y sus clientes, los productores de residuos, y que está marcada por las grandes diferencias con que las autonomías desarrollan y aplican la legislación ambiental y al hecho de que la normativa de residuos sea relativamente reciente y, además, compleja.

El problema de la legislación ambiental remite a las diferencias con que las Comunidades Autónomas la desarrollan y aplican, puesto que cada Comunidad puede adaptar la ley con el objeto de adecuarla a las especificidades de su territorio. La complicación surge especialmente en aquellas empresas que tienen una implantación geográfica amplia, dado que se ven obligadas a mantener al día, comprender y cumplir la normativa ambiental de todas las comunidades en las desarrollan su actividad. Dividida en ocho agrupaciones territoriales y 11 agrupaciones sectoriales, la estructura de ASEGRE se corresponde con la organización política del país y con las competencias establecidas en materia medioambiental.

El espíritu de colaboración con las autonomías de los miembros de ASEGRE ha dado lugar a acuerdos pioneros, como el recientemente firmado con la Junta de Andalucía, por el cual los asociados de esa comunidad realizan voluntariamente inspecciones de sus instalaciones con entidades independientes y reconocidas por las partes, con el fin de asegurar el estricto cumplimiento de la legislación.

Otro aspecto problemático viene dado por la propia entrada en vigor de la normativa de residuos, relativamente reciente en el tiempo, lo que provoca que los requisitos que establece para los productores no sean conocidos todo lo que fuera deseable. Esta cuestión se agudiza en el caso de los pequeños productores cuando deben hacer frente a la obligación principal de confiar en un gestor autorizado sus residuos y asumir su coste.

Tampoco ayuda a solventar este problema la complejidad de la normativa, algo especialmente patente en lo relativo al almacenamiento, etiquetado y trámites administrativos de gestión. Como ejemplo evidente bien podría servir el hecho de la codificación de los residuos, donde en unas comunidades se debe seguir únicamente lo establecido por la lista europea de residuos, mientras que en otras se añade lo contemplado por los Reales decretos 833/1988 y 952/1997.

Otra cuestión a la que antes o después deberá hacer frente la Administración es la referente a la tramitación de los residuos, debido a que en plena era digital la gestión administrativa no está mecanizada y, por tanto, no se puede realizar de forma telemática.

Sobre estos aspectos problemáticos para la gestión los residuos peligrosos y recursos especiales, ASEGRE prepara la organización de un foro para el próximo mes de noviembre. Allí se tratarán las propuestas de la Directiva Marco de Residuos y los planes de residuos que están elaborando las comunidades autónomas y el gobierno, asuntos que marcarán la actividad en el sector a medio y a largo plazo.

Dentro de las cuestiones de futuro en las que se encuentra actualmente trabajando la asociación está la aprobación de un código ético que añada los compromisos relacionados con la responsabilidad corporativa a los que marca el cumplimiento estricto de la normativa.

Luis Palomino es secretario general de ASEGRE. Ingeniero agrónomo de formación, procede de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid,*donde*ha trabajado durante los últimos 10 años desempeñando diversos cargos, entre los que figuran el de Responsable de Calidad Corporativa, la presidencia del Comité de Certificación y el Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Energía".

ASEGRE, que actualmente cuenta con 78 empresas asociadas que emplean a más de 3.200 personas, contempla el futuro con un horizonte claro: la mayor profesionalización y desarrollo del sector con el objetivo de garantizar el respeto de la normativa, la aplicación de las mejores tecnologías y el compromiso con el desarrollo sostenible por parte de sus asociados.