La CECJ destaca el reconocimiento al Comercio Justo en la nueva Ley de Economía Social: "Es un avance histórico"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) ha destacado el reconocimiento al Comercio Justo en la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, aprobada este jueves definitavemente en el Pleno del Congreso de los Diputados. "Es un avance histórico para el movimiento", ha asegurado la presidenta de la CECJ, Marta Mangrané.

"Coincidiendo con el 40 aniversario del Comercio Justo en España, el reconocimiento de este modelo supone un avance histórico para el movimiento. Esperamos que este nuevo marco legislativo facilite la incorporación del Comercio Justo en la compra responsable de actores públicos y privados, así como a hacer más accesible la opción de consumo responsable y sostenible para la ciudanía" explica.

Como destaca la CECJ, la nueva norma permite la definición y el reconocimiento explícito del Comercio Justo como sector de la Economía Social, definiendo con claridad las entidades que forman parte de la misma.

Además, la entidad confía en que este reconocimiento sirva "para impulsar verdaderamente las iniciativas que, desarrolladas bajo los principios del Comercio Justo, contribuyan a la consolidación de la Economía Social como modelo de referencia que pone en el centro a las personas, el trabajo digno, el arraigo territorial y el interés general".

Según la CECJ, la nueva legislación potenciará e impulsará el Comercio Justo como "fórmula innovadora" de la economía social, entre otros sectores. En concreto, señala que el artículo 8 de la citada Ley insta a los poderes públicos a incluir entre los objetivos de sus políticas la promoción del Comercio Justo como sector estratégico para la transición socioecológica justa.

De igual modo, destaca que la Ley define en la Disposición adicional a las Entidades de comercio justo cuya finalidad esencial es promover una mayor equidad, sostenibilidad ambiental y transparencia en comercio global, a través de mejores condiciones comerciales, garantizando salarios dignos, derechos de las personas productoras y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad.

En España, el sector cuenta con una facturación de unos 158 millones de euros anuales, lo que supone un gasto medio por habitante de 3,20 euros anuales. "Este reconocimiento debería ser catalizador para impulsar el potencial de este modelo que ha tenido durante décadas impacto en personas productoras y territorios del Sur Global pero que también fomenta iniciativas de comercio justo local, como ha sido el caso de Francia", indica Mangrané.