Publicado 07/07/2021 11:07CET

JJpD niega que los menas sean un problema social y lamenta que haya quienes los quieran convertir en chivos expiatorios

Archivo - Cartel electoral de Vox en la estación de cercanías de Sol.
Archivo - Cartel electoral de Vox en la estación de cercanías de Sol. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han rechazado este martes que los menores extranjeros no acompañados sean un problema social y ha lamentado que haya quienes los quieran convertir en "una especie de de chivo expiatorio, a través de mecanismos xenófobos de instrumentalización emocional".

Para la organización de jueces, que ha hecho público este miércoles un comunicado, los menores migrantes "no son un problema social. Al contrario, se trata de un colectivo que suele presentar múltiples vulnerabilidades: por edad, por falta de referentes adultos, por carencias idiomáticas, por ser víctimas de delitos en muchas ocasiones".

El comunicado se ha hecho público tras la sentencia de la Audiencia de Madrid refrendando el cartel electoral de Vox en el que comparaba la pensión de jubilación que recibe un mayor con el gasto mensual dedicado a los menores migrantes. En la sentencia, los magistrados señalan que "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces" que los menores extranjeros representa "un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en las relaciones internacionales".

Jueces por la Democracia considera, sin embargo, que la numérica de los menores no acompañados en España "es muy reducida, sin apenas incidencia en los índices de delincuencia o en la creación de conflictos sociales".

"Esta percepción es compartida por la propia sociedad, que nunca ha mostrado preocupación o alarma por el acogimiento institucional de menores extranjeros no acompañados, como se puede constatar en los estudios sociológicos oficiales", apunta la organizaciones judicial que recuerda que "se trata de menores que requieren de protección estatal, de acuerdo con lo establecido en nuestras leyes y en los tratados internacionales suscritos".

Asimismo, hacen un llamamiento a que "las instituciones rechacen cualquier forma de criminalización gratuita que afecte a menores y extremar las medidas de protección que resulten necesarias".

Asimismo, han recordado recordar que el Defensor del Pueblo en su último informe "ha mostrado su preocupación por la proliferación de discursos de odio contra estos niños, así como ha reclamado la adopción de medidas que erradiquen estos discursos". Desde Juezas y Jueces para la Democracia reiteran su "compromiso con los derechos fundamentales, especialmente de quienes son más vulnerables y por ello necesitan ser más protegidos".

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