Organizaciones consideran "insuficiente" el nuevo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversas ONG, entre las que se encuentran, el Observatorio de RSC, Amnistía Internacional, la Coordinadora de ONG por el Desarrollo, Enlázate por la Justicia, Greenpeace, Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han considerado "positivo pero claramente insuficiente" el nuevo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos para evitar que se produzcan vulneraciones sobre los Derechos Humanos, según señalan en un comunicado conjunto.

Las ONG han mostrado además su disconformidad con la "opacidad" y la "ausencia de participación" presente en la fase de relanzamiento del Plan. Así, han señalado que el propósito y finalidad de un Plan de Acción, "no debe ser exclusivamente la sensibilización o el fortalecimiento" de la ventaja competitiva de las empresas españolas sino "prevenir, minimizar, y abordar los potenciales abusos de derechos humanos cometidos por las empresas españolas y reforzar los mecanismos sancionatorios y de reparación".

Además, demandan que el Plan contenga medidas "concretas" para que se haga efectivo el "cumplimiento de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional en materia de Derechos Humanos"

Las organizaciones han lamentado también que se "desaproveche la oportunidad de clarificar conceptos" así como de "promover medidas" que establezcan ciertas obligaciones para las empresas, pues afirman que, aunque el concepto de "debida diligencia" aparece varias veces, siempre lo hace en referencia a cuestiones de "voluntariedad" y no en medidas normativas o de carácter obligatorio.

Otra de las cuestiones que echan en falta las organizaciones es la referida a la aplicación extraterritorial de las obligaciones del Estado, pues, según ellas, el texto se limita a declarar que el Estado "espera" de las empresas nacionales en España y en el extranjero, un "comportamiento conforme con su responsabilidad de respetar los derechos humanos".

Asimismo, afirman que son "muy pocas" las medidas que establecen un período de realización determinado o que de manera específica apuntan cómo se conseguirá el objetivo indicado, así como el órgano o grupos a los que se dirigirá la medida.

Las organizaciones consideran igualmente "preocupante" el hecho de que no se establezca una asignación presupuestaria propia para el desarrollo de las medidas del Plan, lo que, según alertan, puede suponer una "seria dificultad" para la consecución de medidas.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Sin embargo, las organizaciones firmantes valoran "positivamente" la estrategia de revisión y de supervisión del Plan de Acción, que entre otras cosas, establece, que su duración será de tres años y que cumplidos los dos años desde su aprobación, se creará una Comisión de Seguimiento con el fin de supervisar el funcionamiento del mismo.

Esta Comisión llevará a cabo una evaluación del impacto del Plan en relación con la prevención, mitigación y remedio de las posibles vulneraciones de derechos humanos. El Plan establece que, a partir de esa evaluación, la propia Comisión deberá impulsar la redacción de una versión actualizada del Plan que deberá estar lista antes de que transcurran los tres años de duración del mismo.

A pesar de todo, las ONG consideran "necesario" que se establezcan los cauces adecuados para que los actores representantes de la sociedad, empresas, sindicatos y universidades, puedan participar "directamente" en el proceso de evaluación y hacer contribuciones al mismo.

Las organizaciones han recordado al Gobierno español que debe tomar una serie de medidas como la de revisar el Plan en el plazo de un año o aprobar un proyecto de ley que contenga obligaciones sobre el respeto a los derechos humanos que ostentan las empresas en sus operaciones en España y en terceros países. Para ello, afirman, el Plan deberá realizar un diagnóstico sobre las políticas, legislación e instrumentos existentes y su coherencia con los Principios Rectores, así como proponer las reformas necesarias, medida incluida en versiones anteriores del Plan.