Un informe analiza a siete grandes compañías, entre ellas la minera Barrick Gold, BHP Billiton, Total, Suncor Energy o Woodside Petroleum
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y la ONG Economistas sin Fronteras (EsF), presentaron esta semana en España el estudio de investigación realizado por la agencia de calificación inglesa Ethical Investment Research Services (EIRIS) y el organismo australiano Centre for Australian Ethical Research, (CAER) en el que se alerta de una conclusión específica: las empresas que trabajan en zonas en las que vive población indígena "no hacen lo suficiente" para proteger los Derechos Humanos de estos pueblos.
Ambas entidades publicaron a nivel mundial el pasado día 11 una investigación conjunta que analiza los desafíos y las oportunidades a los que se enfrentan las compañías que actúan en áreas donde los derechos de las poblaciones indígenas se ven amenazados. Asimismo, el informe examina las medidas implantadas por las empresas para abordar las cuestiones relacionadas con los derechos indígenas y territoriales.
Globalmente, el estudio calcula en 500 millones el número de personas indígenas en más de 70 países, que representan unos 5.000 idiomas y culturas, y con presencia en los cinco continentes.
Las compañías comprometidas en actividades que pueden vulnerar los derechos de estos pueblos tal y como se contemplan en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, "se enfrentan a crecientes riesgos de reputación, potencialmente relacionados con cuestiones de acceso a capital, perjuicios de marca e imagen, licencias de operación, y riesgos operacionales como amenazas de litigios y regulaciones más estrictas", recuerda el documento.
El informe 'Indigenous rights, indigenous wrongs: risks for resource sectors' (Derechos indígenas, injusticias indígenas: riesgos para los sectores de recursos primarios) examina las políticas y estrategias adoptadas por siete grandes compañías que operan en países y sectores para los que los derechos indígenas territoriales y marítimos son identificados por EIRIS como un riesgo potencial para el negocio: Anlo-Eastern Plantations, la minera Barrick Gold, BHP Billiton, Suncor Energy, Total, Weyerhaeuser y Woodside Petroleum, de las que se dice que "aunque algunas sí tienen en cuenta aspectos relativos a los derechos indígenas, ninguna de ellas va lo suficientemente lejos".
La mayoría de las empresas examinadas tienen un compromiso público "básico" en lo relativo a derechos indígenas, así como un compromiso de consulta activa de los sectores de alto riesgo analizados, como las industrias extractivas --petróleo, gas y minería--, que son las que han demostrado una mejor respuesta, frente a sectores como la silvicultura o la agricultura que "se quedan atrás".
"Sólo unas pocas empresas están claramente comprometidas en alcanzar el libre consentimiento con información previa --sin manipulación ni coerción y con acceso de una manera comprensible y completa a las características del proyecto-- en todas sus actividades; o están gestionando adecuadamente los procesos de diálogo y consentimiento", afirma la investigación, que recuerda que "la calidad de la información pública sobre derechos indígenas es generalmente pobre, proporcionando respuesta a las acusaciones sobre violaciones de derechos indígenas, pero con muy poca información voluntaria sobre incumplimientos".
EMPRESAS E INSTITUCIONES, CADA VEZ MAS CONSCIENTES.
"Dado el alto grado de atención que las ONG y los medios de comunicación prestan a los derechos indígenas y la legislación más rigurosa en muchos países, aquellas empresas con claros compromisos y procesos de diálogo efectivos saldrán, sin duda, beneficiadas en un ambiente en el que el acceso a la tierra y a los recursos es cada vez más difícil", explicó en este sentido la directora de Análisis de EIRIS, Stephanie Maier. "Cuando hablamos de derechos indígenas estamos hablando de Derechos Humanos, un campo en el que las empresas y los inversores son cada vez más conscientes" agregó.
La reciente adopción de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas por los 143 países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas "ha lanzado una clara señal de que a medida que los estándares internacionales evolucionen, las empresas se van a encontrar más y más en el centro de atención y sus acciones van a ser escrutadas", afirman desde CAER, recordando que las empresas comprometidas en este sentido "no sólo están mejor situadas para mitigar los riesgos, sino que también se podrán beneficiar del conocimiento y experiencia de estos pueblos".
MUESTRA Y CARACTERISTICAS.
Todas las compañías analizadas en el estudio operan en países con poblaciones indígenas reconocidas y desarrollan actividades que potencialmente pueden vulnerar los derechos de estas poblaciones, de sus territorios o de sus aguas o mares.
Para la investigación se estipuló que los derechos indígenas abarcan un amplio campo de cuestiones interrelacionadas que incluyen la salud, la representación en los medios, el acceso a servicios básicos o la igualdad en la administración de justicia, aunque, a efectos del estudio, EIRIS se centró en sectores de actividad con impactos directos y excluyó las empresas de otros sectores como los de salud, medios de comunicación, químico, tabaco, producción de alimentos e inmobiliario.
