CÓRDOBA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Diputación de Córdoba, Pilar García, informó hoy de las actividades desarrolladas dentro del Programa de Compra Pública Sostenible, puesto en marcha en 2008 y cuyo objetivo era mejorar la política de compras y contrataciones a través de la introducción de criterios éticos, sociales y medioambientales.
En rueda de prensa, García explicó que "con este programa, realizado con la asistencia técnica de Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (Ideas), pretenden elaborar una ficha en la que se explicitasen los criterios de sostenibilidad en los principales suministros y servicios de la Diputación".
El objetivo era, además, realizar una labor de sensibilización entre el personal técnico de la institución provincial, los técnicos municipales, concejales y empresarios cordobeses.
La responsable de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria de la Diputación cordobesa indicó que con esa finalidad se celebraron unas jornadas formativas en las que participaron más de 120 empresas suministradoras de esta institución y de los municipios.
Además, se ha editado un CD que se repartirá en todas las localidades, en el que se incluyen estos criterios, con la idea de que también se introduzcan en las licitaciones de los ayuntamientos.
En compra pública están enmarcados aquellos suministros que introducen criterios éticos, justos, ambientales y solidarios, y que permiten valorar a las empresas que garantizan el respeto a los derechos humanos y laborales en la cadena de suministro.
Así, los criterios sociales permitirán tener en consideración a aquellas empresas que tengan en plantilla un mayor número de trabajadores indefinidos, que incluyan grupos de exclusión social o parados de larga duración, así como a aquellas firmas que introduzcan planes de igualdad.
En cuanto a los criterios ambientales, se buscan favorecer a aquellas empresas que integran el respeto al medioambiente en su proceso productivo.
Según la delegada de Medio Ambiente de la Diputación, "la aprobación de la nueva Ley de Contratos nos ofrece el marco jurídico idóneo para la introducción de estos elementos en las licitaciones, permitiéndonos la consideración de criterios de tipo social y medioambiental".
Tras el análisis realizado por Ideas, los servicios a los que deben aplicarse estos criterios son los de catering, jardinería, mantenimiento, organización de actos, limpieza, suministro de papel y material de oficina, vehículos, obras y suministros informáticos.
García concluyó explicando que "la introducción de estos criterios en los pliegos de contrataciones supone un importe instrumento a la hora de dar efectividad a las políticas públicas de igualdad o medioambientales".
