PSOE, CiU, Izquierda Plural y BNG piden al Gobierno en el Congreso que retire su Ley de Evaluación Ambiental

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han pedido al Gobierno en el Congreso la devolución del texto presentado por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, en sendas enmiendas de totalidad, a las que ha tenido acceso Europa Press.

Desde el PSOE, a juicio de su portavoz en el Congreso, José Luis Ábalos, los numerosos seísmos registrados en la costa de Castellón y Tarragona que expertos geólogos atribuyen a la sismicidad 'inducida' por el proyecto Castor, provocada por la inyección de gas en la roca, refuerzan los argumentos de los socialistas, que también alertan de los riesgos de prácticas como la fractura hidráulica o 'fracking'.

Por ello, pide al Gobierno que retire su proyecto de Ley porque "los hechos demuestran que no se puede ir en la dirección de flexibilizar cumplimientos medioambientales".

El portavoz de Medio Ambiente rechaza también que el Ejecutivo en la exposición de motivos de su proyecto de ley justifique la necesidad de la normativa en que la evaluación ambiental de proyectos suponga un "obstáculo a la mejora de la productividad" y sitúe a España en un puesto "inadecuado" para "hacer negocios".

La enmienda a la totalidad registrada por los socialistas contra el proyecto de ley del Gobierno subraya que "la evaluación ambiental debe seguir jugando un papel fundamental" y considera que el rigor en una adecuada evaluación de los impactos ambientales es la principal garantía para la sostenibilidad y por tanto, para la viabilidad y la competitividad del desarrollo económico del país.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Por parte desde CiU, argumentan que hay tres cuestiones que determinan su discrepancia con el proyecto de Ley: invasión competencial, oportunismo de la normativa y la tercera tiene que ver con la regulación de los bancos de conservación de la naturaleza.

Según explica, el texto propuesto es, en su conjunto, contrario a la vigente distribución competencial en materia de medio ambiente prevista en la Constitución y el objetivo del Gobierno es "laminar las competencias autonómicas en la materia" que, de aprobarse el proyecto de ley, dispondrán de menores capacidades para ejecutar sus responsabilidades en protección del medio ambiente.

En cuanto a los bancos de conservación de la naturaleza, CiU critica que el Gobierno genera con su propuesta una "gran incertidumbre", puesto que se trata de un "instrumento complejo", que requiere, a excepción de las otras cuestiones, de un gran desarrollo normativo y con no demasiados precedentes internacionales.

"Nos inquieta especialmente que las medidas compensatorias previstas en la legislación de evaluación ambiental, con el objetivo de equilibrar los efectos negativos ocasionados sobre un valor natural o ambiental con compensaciones positivas, puedan derivar en compensaciones desequilibradas en valor natural o ambiental, o bien que no se realicen en el mismo territorio, lo cual podría genera unos flujos compensatorios difíciles de comprender y aceptar", agrega.

UNA LEY OPORTUNISTA

Al igual que el BNG y la Izquierda Plural, CiU expone en su petición al Gobierno para la retirada del texto, que la ley es oportunista ya que en estos momentos se está tramitando en instancias europeas la modificación de la directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. "A corto plazo se va a tener que acometer una nueva y profunda reforma en evaluación ambiental para adecuarnos a la normativa europea", denuncia CiU.

Desde la Izquierda Plural, sostienen que el Gobierno debe retirar este texto por la rebaja que realiza en las exigencias medioambientales y se aborda la evaluación como una obligación "formal o un trámite burocrático. Además, tacha el proyecto de ley de "opaco y falto de transparencia", y considera que limita la participación pública en los procesos de revisión de las declaraciones de impacto ambiental.

Otro de los aspectos que más le preocupa es la mercantilización que, en su opinión, se realiza del medio ambiente mediante la figura de los bancos de conservación de la naturaleza. Igualmente, cree que el Gobierno con este proyecto de ley plantea la evaluación como instrumento para avalar el fracking en el territorio. "Es obvio que una actividad de este tipo debe estar sometida a evaluación ambiental", añade.

Mientras, la formación nacionalista gallega del BNG agrega que este proyecto de ley avanza en una mayor centralización e invasión de competencias autonómicas, no sólo consolidando una "regresiva y discutible" interpretación del Tribunal Constitucional, sino avanzando más aún en la intervención de la Administración General del Estado en obras y proyectos de interés y ámbito autonómico.