CÓRDOBA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha destacado este miércoles la labor de los profesionales sanitarios y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el abordaje de las agresiones en el sistema sanitario público andaluz en la provincia, y ha señalado que "es esencial formar a todos los profesionales del sistema para dotarlos de herramientas clave y eficaces que les permitan afrontar una posible agresión".
Según ha informado la Junta en una nota, así lo ha resaltado Botella, al presidir la reunión de la comisión para el seguimiento de las agresiones a personal del sistema sanitario público, que es el órgano constituido por la Junta para el seguimiento y coordinación de las incidencias en este ámbito, en el que también están presentes interlocutores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a los responsables de las unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y del 061, y los letrados de la Administración sanitaria.
En este contexto, Botella ha afirmado que "es imprescindible la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y los profesionales del sistema sanitario para mejorar el abordaje de las agresiones y atender a los profesionales que las sufren", y ha hecho mención especial a la implicación de "la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local, que en la provincia, tras conocer la incidencia real de agresiones y denuncias realizadas en cada centro, siempre toman medidas concretas encaminadas a prevenir y disminuir las agresiones, prestando especial atención a las cometidas por personas reincidentes".
Botella ha explicado que "desde la Consejería de Salud y Consumo se continúa con la formación en materia de prevención de agresiones dirigida a los trabajadores que se incorporan" al Servicio Andaluz de Salud (SAS), mediante los cursos de "control de situaciones conflictivas y sobre el Plan de Agresiones, con formación práctica presencial específica para minimizar las consecuencias de las agresiones, o con la implantación del profesional 'Guía', para la mejora en el acompañamiento al personal agredido en todos los trámites desde que se produce la agresión hasta el final del proceso".
También se incluye "el ofrecimiento inmediato de asistencia jurídica al trabajador agredido, el alejamiento del agresor y medidas de seguridad prevención implantadas en los centros de trabajo (cámaras de seguridad, timbres en consulta y consultas comunicadas con interfonos), y campañas de información a la ciudadanía sobre el estatus de autoridad que tienen los profesionales sanitarios ante agresiones".
En esta línea, para María Jesús Botella, "tan importante como acompañar y apoyar a los profesionales, es formarlos y dotarlos de las herramientas necesarias para evitar las agresiones que puedan sufrir en su entorno laboral".
PLAN DE AGRESIONES
La finalidad del Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es prevenir, proteger y combatir la violencia hacia los trabajadores, controlando con rapidez cualquier situación de violencia, peligro o emergencia y minimizando sus consecuencias, para fomentar una cultura de seguridad y prevención.
Así, la delegada ha recordado que desde el Gobierno de la Junta, "como ya anunció este mismo mes la consejera", se procederá a "la constitución de un Observatorio de Agresiones, integrado por expertos, para proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones, así como para servir de instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se vayan adoptando".
Además, "se está trabajando también en el establecimiento de un régimen sancionador de agresiones a partir de la modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, de manera que se establecerá un régimen sancionador para los usuarios del Sistema Sanitario Público Andaluz que cometan una agresión, con sanciones económicas proporcionadas al daño causado".
En definitiva, según ha concluido, "esta reforma de los instrumentos jurídicos persigue conseguir que los profesionales de los centros asistenciales puedan desempeñar su actividad en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad", y con el apoyo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local "encontramos mayor facilidad para lograr nuestro principal objetivo: que haya agresiones cero en nuestros centros".
