Actualizado 13/04/2018 16:15

Justicia destaca el compromiso de la abogacía con la asistencia jurídica gratuita en Andalucía

Isabel Mayo (en primera fila) en el congreso de abogados en Córdoba
JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Justicia e Interior de la Junta, Isabel Mayo, ha resaltado este viernes en Córdoba el compromiso de los abogados para el mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía, que financia la Junta y de la que se benefician cada año más de 300.000 personas con pocos recursos económicos.

Isabel Mayo ha intervenido en la inauguración del II Congreso de Abogados Jóvenes de Andalucía, donde ha destacado la labor que desempeñan los letrados adscritos a los servicios de asistencia jurídica gratuita, como el turno especializado en Violencia de Género, en el que más de 4.000 profesionales "ponen lo mejor de sí para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de esta lacra social".

La viceconsejera ha puesto también el ejemplo del turno especializado de extranjería, para atender a la población inmigrante en Andalucía, que, en muchos casos, "viene huyendo de persecuciones, hambrunas y vulneración de los derechos humanos más fundamentales", señalando que "éstos son solo dos ejemplos de cómo la abogacía ejercida desde el compromiso puede contribuir a mejorar la sociedad en que vivimos".

La responsable de Justicia e Interior ha señalado la importancia que concede la Administración autonómica andaluza a la asistencia jurídica gratuita, mediante una "relación permanente de diálogo y colaboración" con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, a fin de garantizar la prestación de un servicio que garantiza el acceso de toda la ciudadanía a la justicia en igualdad de condiciones.

Según ha explicado Isabel Mayo, el II Congreso de Abogados Jóvenes de Andalucía constituye también una magnífica oportunidad para el intercambio de visiones diversas en cuestiones jurisdiccionales y de procedimiento, además de favorecer el debate sobre temas de gran actualidad, como el Derecho Penal aplicable al mal uso de las redes sociales, la regulación de los contratos entre entidades bancarias y consumidores o las infracciones deontológicas.