Activado el protocolo del SAS por dos agresiones a sanitarios en centros de salud de Motril y Almuñécar (Granada)

GRANADA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada ha expresado su "más absoluta condena" ante las agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios registradas en los centros de salud de Motril Centro y Almuñécar, lo que ha motivado la activación del Plan de Prevención y Atención previsto por el Servicio Andaluz de Salud para prestar ayuda y asesoramiento a las víctimas.

El primero de los casos ha implicado a una facultativa de atención primaria del centro de salud de Motril Centro durante el desarrollo de su jornada de trabajo. La víctima ha recibido asistencia psicológica y jurídica por parte del SAS.

El segundo ha afectado a un médico del servicio de urgencias del centro de salud de Almuñécar mientras atendía a un paciente en la vía pública. En sendos casos, las agresiones han sido denunciadas en tiempo y forma, siguiendo las pautas del protocolo establecido al respecto por el sistema sanitario público andaluz.

Desde el AGS Sur de Granada se condena "sin matices" cualquier acto violento, físico o verbal, que afecte a los profesionales del sistema sanitario público andaluz dentro o fuera de un centro sanitario.

"La violencia nunca está justificada", se reitera, al tiempo que se recuerda que la agresión a un sanitario es un delito en España y que los agresores se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel, multas económicas, órdenes de alejamiento e indemnizaciones.

El SAS ha reforzado su oferta formativa sobre control de situaciones conflictivas y sobre el propio Plan de Prevención de Agresiones. Reconducir las situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias son los objetivos que se persiguen. Adicionalmente se imparten talleres de la mano de Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de instituciones penitenciarias.

Asimismo, el personal cuenta a su disposición con la figura del 'profesional guía', que acompaña y asesora a los profesionales agredidos, facilita asistencia psicológica y jurídica y refuerza las medidas de seguridad disponibles en los centros de trabajo, como cámaras de seguridad, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales de carácter disuasorio.