Andalucía urge al Gobierno a reactivar la contratación pública para retomar inversiones paralizadas por 213 millones

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha urgido este martes al Gobierno de la Nación a permitir a las comunidades autónomas reactivar los procedimientos de contratación pública, suspendidos desde la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, para poder reanudar contratos paralizados por hasta 213 millones de euros sólo en el ámbito de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha emplazado al Ejecutivo central a tomar nota de esta demanda de la Junta porque se ha mostrado convencido de que retomar la contratación pública puede constituir una "palanca fundamental" para la reactivación económica en el actual escenario provocado por la crisis del coronavirus.

En concreto, el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado reclamar al Ejecutivo central la reactivación de los procedimientos de contratación pública por los "evidentes perjuicios a la actividad económica" que está generando la suspensión en los procedimientos administrativos. Para ello, demanda la modificación de la disposición adicional tercera del Real Decreto de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma, relativa a la suspensión de los plazos administrativos.

La Junta pretende con esta modificación garantizar que las administraciones públicas puedan decidir de forma motivada, en un marco de seguridad jurídica, continuar la tramitación de los procedimientos administrativos que se declaren indispensables para la protección del interés público; la protección de los legítimos intereses individuales; el funcionamiento eficaz de los servicios públicos y todos aquellos, incluyendo los de contratación pública, que tengan como fin, o posibiliten, la reactivación de la actividad económica.

METROS DE SEVILLA Y GRANADA Y ACCESO AL PTA DE MÁLAGA

A modo de ejemplo, Bendodo ha detallado en rueda de prensa que sólo en el ámbito de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio esta paralización ha afectado a contratos por importe de 213,5 millones de euros que corresponden a proyectos tan importantes como el de revisión y actualización del proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla o el de redacción del proyecto de mejora de la A-483 en el tramo de Almonte-variante El Rocío en la provincia de Huelva.

Igualmente, la suspensión del plazo de presentación de ofertas ha supuesto que queden paralizados en la Consejería de Fomento también proyectos tan destacados como el de acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga o el de la elaboración de un estudio informativo de la ampliación del metro de Granada.

Ante este escenario, la Junta demanda al Gobierno central que "habilite a las comunidades autónomas para que puedan elaborar listados de procedimientos administrativos que se declaren indispensables para la protección del interés público y la protección de los legítimos intereses individuales o para el funcionamiento eficaz de los servicios públicos, debiendo disponerse que tengan la consideración de tales todos aquellos cuyo fin sea la reactivación de la actividad económica, en especial los relativos a la contratación pública".

Junto a ello, el Gobierno pide modificar la disposición adicional tercera añadiendo un nuevo apartado relativo a la contratación administrativa, con el fin de excepcionar de la suspensión de plazos a los expedientes de contratación de las administraciones públicas autorizando la publicación de los anuncios de licitación, la presentación de las proposiciones en los procedimientos de licitación que en la actualidad se encuentran abiertos, reanudándose el cómputo del plazo suspendido y la continuación de los procedimientos de contratación hasta la adjudicación, así como su notificación y publicación.

Asimismo, la Junta considera esencial que por parte del Gobierno de la Nación se dicten las instrucciones precisas para que se reinicie el servicio de reparto de notificaciones por parte de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos por entender que "la paralización de la actividad por parte de esta sociedad no tiene por qué ser impeditiva de la notificación en el caso de los interesados no obligados que accedan a la notificación electrónica".