La Junta espera que trámite para regularizar viviendas irregulares dure menos de un año y subraya que no es una amnistía

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía calcula en menos de un año el trámite para la aprobación de planes especiales a través de los cuales se podrían regular las viviendas irregulares en la provincia de Málaga, en virtud del decreto ley aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno y que, tal y como han recalcado las delegadas del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, y de Fomento, Ordenación del Territorio y Cultura, Carmen Casero, "no es una amnistía".

Así, han explicado en rueda de prensa que el decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, permitirá resolver la situación de unas 50.000 viviendas --teniendo en cuenta solo a las de la provincia--, aclarando que hay edificaciones que están excluidas, como las que tienen una sentencia firme de demolición; las situadas en suelos de especial protección o aquellas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción).

Navarro ha puesto como ejemplo que una casa construida irregularmente en el cauce de un río "hasta sus propietarios saben que no se va a regularizar". "Este decreto ley no es sinónimo de amnistía", ha incidido, aludiendo a "voces ecologistas" que ha respetado pero dejando claro que la Junta de Andalucía, con esta medida, "trata de dar solución, certidumbre y estabilidad a muchas viviendas construidas" o adquiridas de buena fe sin que los propietarios conocieran la normativa urbanística.

"Son muchas personas, muchas familias que llevan años de inestabilidad y que hasta hoy no la han tenido", ha apuntado, agregando que estos propietarios deberán dirigirse a sus ayuntamientos para comunicar que quieren acogerse a esta medida, por lo que el "éxito" de la misma "dependerá de la propia voluntad de los propietarios" de dichas viviendas.

La delegada del Gobierno ha subrayado también que esta medida contribuirá a la lucha actual contra la despoblación rural: "Si la lucha de todas las administraciones en estos años se debe de centrar en la ordenación del territorio, en fijar población, en evitar y luchar contra la despoblación e intentar que los jóvenes no abandonen nuestros pueblos, tenemos que ayudar a que esa tradición en nuestra tierra de vivir en el campo no sea un impedimento y un obstáculo para que esa población, esos jóvenes, esas personas que desean seguir viviendo en el pueblo y en el campo lo hagan y desarrollen su vida y su proyecto de futuro en ellos".

Esta norma, en cuyo desarrollo es fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar "una respuesta clara" a los dueños de estas edificaciones.

Navarro ha agregado que la labor de inspección y sanción hasta hace seis meses en Andalucía "ha sido insuficiente", añadiendo que si la Junta hubiera hecho uso de su competencia en disciplina urbanística "no hubieran proliferado esas viviendas". Además, ha lamentado que se haya querido "cargar" a los ayuntamientos esa competencia autonómica "sin aportarles medios"; poniendo como ejemplo la situación en el municipio malagueño de Alcaucín.

En los mismos términos, Casero ha incidido en que a esta opción para regularizar las viviendas se pueden acoger ya los ciudadanos. Sobre la situación concreta en Marbella, ha apuntado que algunas de las construcciones podrían acogerse a este decreto ley pero ha recordado que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha "un equipo técnico potente" para darle solución a la problemática a través de su plan general.

EFECTOS Y AYUDAS POR LA GOTA FRÍA

En rueda de prensa, ambas delegadas, junto con el responsable territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Fernando Fernández-Tapia Ruano, han recordado también las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno para paliar los efectos de la gota fría y la actuación "en tiempo récord" del Gobierno andaluz.

En Málaga se ha ampliado a 22 los municipios afectados por las fuertes lluvias. Actualmente se está trabajando en la elaboración de informes técnicos, visitando estas localidades para "lo más pronto posible, dos semanas como mucho", tener "explorado y cuantificado cada uno de los daños en las infraestructuras agrarias y rurales".

El delegado ha aclarado que las ayudas para los caminos rurales será para aquellos de titularidad municipal que estén "impracticables" y den acceso a explotaciones agrarias o ganaderas; "no son convocatorias ordinarias de ayudas a caminos rurales", ha advertido. Así, habrá cinco millones para mejorar estos caminos, la misma cantidad para obras hidráulicas de emergencia y siete millones para mejora y adecuación de cauces.

El Consejo de Gobierno adoptó también medidas para paliar los efectos de la sequía en Andalucía. En este sentido, ha recordado que a partir del 16 de octubre comenzarán a distribuirse las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). "Ahora se adelantará hasta el 70 por ciento y el resto, el 30 por ciento, antes de finales de año", ha aclarado. En Andalucía este adelanto son unos 700 millones y en Málaga "algo más de 50".

Otras medidas del Consejo de Gobierno son de apoyo al sector cárnico tras las alertas sanitarias por listeriosis en Andalucía. Así, ha aludido a una campaña de promoción de los productos, otra de información "para visibilizar el alto nivel de autocontrol de seguridad alimentaria" y una propuesta para impulsar la organización autonómica de una mesa técnica con empresas en la que esté también la Consejería de Salud y Familias para ratificar protocolos y coordinar los controles de seguridad alimentaría.

Por otro lado, habrá una mesa de análisis y evaluación del impacto en ventas provocado por las alertas alimentarias "para justificar una posible petición de disminución de los módulos fiscales", algo que se puede proponer ante incidencias en el sector.