El 92% de menores infractores que pasa por red andaluza de Justicia Juvenil toma conciencia del delito según un estudio

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un estudio a través de encuestas a los menores infractores que cumplen medidas impuestas por un juez en algunos de los recursos de Justicia Juvenil de la comunidad autónoma que arroja, entre otros resultados, que el 92,4% "reconoce haber tomado conciencia del delito cometido", y el 84% del "daño provocado a la víctima".

Además, el 60% quiere seguir estudiando una vez que haya cumplido la medida judicial, mientras que el 92% prioriza tener un proyecto de vida, según ha detallado este lunes la Consejería de Justicia en una nota en la que, además, subrayan que el estudio "también rompe tópicos y bulos relacionados con la marginalidad", ya que el 49% proviene de familias de nivel socio económico 'medio-alto', y el 89% es de origen español.

Las conclusiones de este estudio, que por primera vez se realiza en Andalucía, fueron presentadas en las 'II Jornadas Justicia Juvenil: Una mirada al futuro', y serán algunos de los datos que se podrán consultar en la nueva web del Observatorio de Justicia Juvenil que se pondrá en marcha "a principios del próximo año".

Desde la consejería que dirige José Antonio Nieto subrayan que Andalucía es "un referente en esta materia, con un alto nivel de reinserción de los jóvenes que pasan por los recursos de la Junta" que alcanza el 80%, de ahí que la puesta en marcha de este Observatorio, el primero público de España y Europa, sea "una apuesta para seguir mejorando la calidad de estos recursos", agregan desde el Gobierno andaluz.

MÁS DE MIL ENCUESTAS

Para la Consejería, este estudio, que "desmonta tópicos y constata que el sistema favorece que reflexionen sobre su conducta y su futuro", supone "un punto de partida que ofrece una visión de la situación actual", dando voz a los propios menores con una encuesta en la que el 90% valora "bien" o "muy bien" su experiencia en los recursos de la Junta y el trato de los profesionales.

El estudio 'Jóvenes y adolescentes en el sistema de Justicia Juvenil de Andalucía: Opiniones y perspectivas' --realizado junto con las entidades ADIS Meridianos, Asociación Ginso y Fundación Diagrama que gestionan la red de recursos-- nace con el propósito de "escuchar y comprender sus experiencias".

A través de una encuesta a 1.022 jóvenes de entre 14 y 24 años de edad --el 80% con medidas de medio abierto, el 18% en centros de internamiento, y el 2% en grupos de convivencia-- reúne información sobre aspectos sociodemográficos, bienestar social, trayectoria educativa o laboral, salud mental uso de tecnologías, así como su percepción y experiencia del sistema y el grado de conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Desde la Junta detallan que el sistema de Justicia Juvenil se basa en una intervención "a medida para cada menor teniendo en cuenta sus circunstancias". La duración media de las medidas es inferior a dos años, y el estudio revela que el bienestar emocional, el interés por labrarse un futuro y su toma de conciencia sobre su conducta "va aumentando con el tiempo gracias al trabajo de los profesionales".

Una labor que el 89% de los menores califica como "muy buena" o "buena". Así, el 92,4% reconocen haber reflexionado sobre su conducta, y el 83,9% sobre el daño causado a la víctima. Lo que más valoran es cómo les han ayudado a mejorar su comportamiento (86,10%) y el trato con las personas de su entorno (83,10%), seguidos del apoyo en el ámbito educativo (79,30%) y laboral (67,80%).

Además, el 89% de los menores infractores estudiados son españoles, el 49% procede de entornos de nivel económico "medio o alto", y un 37,4% de familias nucleares. De hecho, para el 58,9%, la familia es su "principal referente y apoyo", seguidos de los amigos, si bien conforme más llevan en la red de Justicia Juvenil mayor es su confianza en los profesionales, apostillan desde la Junta.

ENTORNOS CON CONFLICTOS

Otro dato "significativo" de este estudio es que el 61% ha vivido "algún tipo de violencia", principalmente conflictos domésticos (45,8%) y agresiones en el hogar (19,8%), pero también acoso en la calle o el barrio (16%) y en el colegio (un 17,6% en las chicas, el doble que los chicos, 9,8%).

Los jóvenes que han vivido estas situaciones son también los que cumplen medidas por delitos más violentos. Los delitos contra la integridad física son los más habituales, con un 43,8%, seguidos de aquellos contra el patrimonio, que motivan el 29,1% de las medidas.

Aunque el 77,7% percibe su salud mental como "buena" o "muy buena", el 19,1% presenta algún trastorno diagnosticado y un 22% recibe tratamiento (16,3% psicológico y 9,5% farmacológico).

En las chicas lo más común es ansiedad, pánico o fobias y depresión, mientras que ellos presentan más hiperactividad o trastornos de déficit de atención.

En los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) hay 138 plazas en unidades específicas de internamiento terapéutico que los jueces puedan decretar ante problemas de salud mental o adicciones.

Las respuestas de los menores reflejan que el índice de consumo de alcohol (13%), cannabis (21,2%) u otras drogas como cocaína o éxtasis (10%), antes de la medida, es "similar" al de los adolescentes en general, al igual que el uso que hacían de las redes sociales e internet, que se cifra entre tres y seis horas diarias "sobre todo para el ocio y la comunicación".

LA FORMACIÓN COMO BASE PARA LA REINSERCIÓN

Según valoran desde la Junta, el sistema de Justicia Juvenil facilita a los menores continuar sus estudios mientras cumplen las medidas judiciales o formarse para su inserción laboral con recursos que el 85% considera "adecuados y suficientes". Además, ofertan talleres propios de capacitación profesional con prácticas en empresas colaboradoras.

Así, el 41% tiene el título de ESO o superior, y el 70% de los menores participa en algún tipo de actividad educativa o laboral. Además, el 60% declara su intención de continuar o retomar su formación cuando termine.

Las chicas muestran más interés por seguir estudiando, y los chicos por una capacitación laboral. Las áreas que les interesan son "muy variadas", de forma que ellos muestran preferencias por oficios manuales, áreas técnicas y construcción, y ellas por la atención sociosanitaria o cuidados.

Tener un proyecto de vida a futuro es "muy o bastante importante" para el 92%, y el trabajo para el 88%. Son sus prioridades junto al apoyo familiar (89%).

El informe concluye que el sistema de Justicia Juvenil desempeña "un papel positivo en la promoción del respeto, la inclusión, la educación, la responsabilidad y el bienestar social de los menores infractores", de ahí que la Consejería apueste por "seguir mejorándolo", y desde 2018 ha incrementado un 15% el presupuesto, con 82,7 millones de euros en 2026, según destacan desde dicho departamento.

Para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, "no es un gasto, sino una inversión, ya que estamos dando una segunda oportunidad a jóvenes que tienen mucho que aportar a la sociedad".

La Junta de Andalucía asumió hace 25 años las competencias en Justicia Juvenil, coincidiendo con la aprobación en 2000 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que, según valoran desde el Gobierno andaluz, "cambió un sistema exclusivamente punitivo por un modelo reeducativo sin olvidar la sanción".

Desde entonces, más de 46.000 menores han pasado por una red que hoy cuenta con 14 CIMI con 751 plazas, 16 Grupos Educativos de Convivencia (GEC) con 136 plazas, y ocho servicios de medio abierto en los que trabajan equipos multidisciplinares de psicólogos, trabajadores sociales, sanitarios, docentes y personal de seguridad.