SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado que la Junta de Andalucía ha movilizado en los últimos dos años más de 260 millones de euros de fondos europeos en políticas de empleo para jóvenes, a través de cinco líneas de trabajo que respaldan la contratación y consolidación laboral de este colectivo, unas políticas que contrastan con la indefinición de las ayudas anunciadas por el Gobierno central.
Ramírez de Arellano, que ha comparecido en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento andaluz, ha asegurado que desde el Gobierno andaluz "no creemos que la solución sea forzar la emigración de nuestra juventud como pregonan los ministros del Gobierno central, sino ofrecer una tierra de oportunidades, combinando reformas estructurales con políticas de coyuntura en el empleo", añadiendo que "los jóvenes deben tener la certidumbre de que garantizaremos su educación, fomentaremos la movilidad y haremos todo lo posible porque puedan mejorar su empleabilidad adaptándose a las nuevas cualificaciones".
La Administración autonómica ha puesto en marcha acciones dentro del Fondo Social Europeo, llevando a cabo las iniciativas Bono empleo joven, las de Cooperación social emple@joven y 30+, se han habilitado los incentivos para la contratación indefinida de jóvenes, y también la contratación de jóvenes investigadores y técnicos de apoyo a la I+D.
En cuanto a la iniciativa Cooperación social emple@joven, en la que se ha contado con la mayor parte de los consistorios andaluces, ha permitido materializar un total de 8.372 contratos, más de la mitad los 17.000 previstos. Con ella se promueve la creación de empleo mediante la contratación por parte de los ayuntamientos de desempleados para la ejecución de proyectos de cooperación social y comunitaria, lo que les permite adquirir competencias profesionales mientras trabajan y mejorar así su empleabilidad. De esta medida se han beneficiado 4.168 mujeres y 4.204 hombres.
Por su parte, el Bono empleo joven facilita la incorporación al mercado laboral mediante la concesión de ayudas a la contratación de personas inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que tengan entre 18 y 29 años, ambos inclusive. Entre los años 2015 y 2016 se han recibido más de 10.100 solicitudes, de las que 3.427 han sido resueltas, suponiendo una inversión de más de 15 millones de euros, mientras que otras 2.872 se encuentran en fase de propuesta definitiva y pago. Por cada contrato se consignan 4.800 euros para la jornada completa, y 2.400 euros para la media jornada.
Respecto a los incentivos para la contratación indefinida de jóvenes, esta línea prevé un incentivo de 4.750 euros a empresas para la incorporación estable de jóvenes a sus plantillas procedentes de la línea de Bono Empleo Joven y de Prácticas Profesionales en Empresas. Hasta ahora se han recibido más de 300 solicitudes.
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha utilizado el Fondo Social Europeo para fomentar de las carreras científicas promoviendo la contratación de jóvenes investigadores y tecnólogos en las universidades públicas andaluzas, "desde la creencia de que nuestro modelo productivo debe apostar por la investigación" y para la que se han consignado 61 millones de euros.
Esta iniciativa ya ha permitido contratar a 1.300 técnicos de apoyo de apoyo a la I+D, con un presupuesto de 37 millones de euros y en una segunda fase se contratará personal investigador e investigador doctor, en función de las necesidades de las universidades, para lo que se contará con una partida de 24 millones de euros.
Unas políticas de la Junta que contrastan con las anunciadas por el Gobierno de 430 euros mensuales para jóvenes con contrato de formación y de las que hasta ahora se desconocen detalles. El consejero se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que "suponga una merma de los fondos con los que actualmente cuentan las comunidades autónomas", por lo que le exigió una aclaración tanto sobre la financiación de la medida como respecto a las características del contrato que plantea, "para que no suponga un detrimento en la calidad del empleo".
