SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha pedido este jueves al Gobierno de España, en la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Senado en Madrid, más flexibilización en los gastos de los fondos europeos para los proyectos impulsados por el Ministerio de Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas --en concreto, para la creación de los centros 24 horas para víctimas de violencia sexual y el Plan Corresponsables--, así como la prórroga del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Ruiz ha señalado, a través de un comunicado, que "el Ministerio de Igualdad ha instado a los gobiernos autonómicos a poner en marcha centros 24 horas para la atención a mujeres que sufren agresiones sexuales con los fondos de recuperación de la Unión Europea, pero sin tener en cuenta el contexto y las necesidades de cada territorio".
"A Andalucía le corresponden más de nueve millones para la compra de ocho edificios, uno en cada provincia andaluza, pero esos fondos solo se pueden destinar a la adquisición de los inmuebles, con lo cual los gobiernos autonómicos tendríamos que asumir los costes derivados de personal, mantenimiento y el IVA que, en el caso de Andalucía, solo este gasto ascendería a más de 2,5 millones", ha subrayado Ruiz.
"Estamos hablando de unos gastos muy importantes que el Gobierno de España ha trasladado a las comunidades, cuando además en Andalucía ya contamos con diferentes programas de atención a mujeres que han sufrido agresiones sexuales, incluido un servicio 24 horas", ha señalado, añadiendo que "por tanto, reclamamos flexibilidad para ajustar los fondos a nuestra realidad".
Asimismo, Ruiz ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que confirme si se va a renovar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), que finaliza en 2022. El PEVG fue aprobado en septiembre del año 2017 por los grupos políticos con representación parlamentaria con una financiación de mil millones y en él se recogen 290 medidas que han de implementarse hasta 2022.
Ruiz ha destacado "la importancia de que el Pacto de Estado tenga continuidad más allá de 2022, ya que aún estamos lejos de erradicar esta grave violación de los derechos humanos de las mujeres". "En los últimos años se han producido avances, pero aún es necesario continuar con los trabajos de prevención y sensibilización, así como de atención a las mujeres víctimas de violencia machista", ha continuado.
"Para ello es fundamental que comunidades autónomas, ayuntamientos y demás instituciones cuenten con la financiación necesaria para seguir mejorando, reforzando e implementando nuevos programas y servicios", ha finalizado la consejera.
Además, ha demandado a Montero que modifique la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género siguiendo las directrices del Convenio de Estambul, que España ha suscrito, para que se incluyan todos los tipos de violencias machistas, incluida la violencia sexual. "El Gobierno tiene que adaptar la ley a la realidad, como hemos hecho en Andalucía, donde la violencia sexual se considera violencia de género", ha mancionado. "Andalucía es un referente en igualdad y la lucha contra la violencia de género y no lo vamos a dejar de ser", ha apuntado.
Sobre los centros 24 horas para víctimas de violencia sexual, Ruiz ha incidido en que "puede llegar a producirse la paradoja de que tengamos unos edificios en propiedad sin posibilidad de ponerlos en funcionamiento al no disponer de créditos propios suficientes".
A este respecto, ha insistido en que "el proyecto que quiere poner en marcha el Ministerio de Igualdad nos genera a las comunidades una enorme incertidumbre desde su origen, porque no nos asegura los fondos para su funcionamiento". "Más importante que los edificios, es el personal especializado que atenderá a estas mujeres, el acompañamiento a hospitales, comisarías, el asesoramiento legal e incluso la asistencia letrada para poder poner las denuncias en los tribunales; cuestiones fundamentales que no están claras cómo se financiarán", ha apostillado.
La consejera ha puesto de relieve que Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuenta con hasta tres programas de atención a mujeres víctimas de abusos y/o agresiones sexuales.
MÁS ATENCIONES A VÍCTIMAS
De esta forma, según los datos de la consejería, el IAM atendió el pasado año a través del Servicio de atención inmediata psicológica 24 horas a las mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía a 118 mujeres, de las cuales 46 requirieron de una intervención presencial en crisis.
En 2020 se prestó asistencia especializada a 59 víctimas, de las cuales 15 precisaron apoyo presencial en el lugar de los hechos, por lo que las atenciones se han duplicado en el último año. Desde la puesta en funcionamiento de este programa, a mediados de 2018, se ha ofrecido apoyo a 254 mujeres. Este servicio se activa siempre a través del teléfono 900 200 999 del IAM. La fase de intervención contempla dos niveles. Por un lado, la atención psicológica telefónica inmediata especializada y por otro la modalidad presencial en crisis
Asimismo, el IAM dispone del Servicio de asesoramiento, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual que en 2021 prestó atención integral y especializada a 345 nuevas usuarias, un 25,45% más que en 2020, cuando fueron 275. Además, se ha asesorado a 143 familiares de las víctimas. "Gracias a este servicio" en 2021 se han logrado 68 sentencias condenatorias. Desde la puesta en marcha de este programa, en el año 1995, "se ha ayudado" a casi 6.000 víctimas (5.979) de violencia sexual.
El propósito del programa es dar soporte emocional a la mujer víctima de violencia sexual en las distintas instancias, apoyarla y orientarla; así como valorar su situación e informarla sobre las actuaciones precisas dirigidas a cubrir sus necesidades para su recuperación de la violencia padecida o lograr que tenga la asistencia letrada necesaria, entre otros.
Finalmente, el Gobierno andaluz ha implementado el Programa de atención especializada en violencia sexual el cual se ha intervenido con 133 adolescentes, un 18,7% más que en 2020. Además, se ha asesorado a 149 familiares. Este servicio ofrece atención especializada para hacer frente a las consecuencias psicológicas derivadas de las agresiones y/o abusos sexuales sufridos por las menores usuarias en sus primeras relaciones de pareja.
Con respecto al Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas, la consejera ha reiterado que "queremos que se introduzca con un carácter prioritario a las familias y especialmente mujeres que tengan a cargo el cuidado de menores de 16 años con discapacidad, así como permitir que parte del gasto se destine a la contratación de personal, ya que el desarrollo y ejecución del Plan Corresponsables implica utilizar recursos humanos y materiales que están empleados en el discurrir ordinario de la administración".
Ruiz se ha mostrado partidaria de la inclusión de Planes de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres alegando que "un aspecto que está directamente relacionado con nuestra agenda de Masculinidades igualitarias, en la que impulsamos la implicación de los hombres en el camino de la igualdad y la lucha contra las violencias machistas".
"En España más del 85% de las excedencias para el cuidado de la familia la siguen solicitando mujeres y esa es una realidad que tenemos que cambiar a través de la sensibilización, concienciación y formación con los hombres que creen en la igualdad de género y de oportunidades", ha subrayado.
