Andalucía plantea a Hacienda una modificación normativa para impulsar la colaboración público-privada

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que, para "impulsar la fórmula de colaboración público-privada", le propone la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público.

En la misiva, dada a conocer este lunes por la Consejería y fechada el pasado 13 de abril, el consejero Juan Bravo argumenta que la citada regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española constituye actualmente en la práctica "un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante", marcado por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 y "los efectos inmediatos que provoca sobre el conjunto de la actividad económica y el empleo".

En opinión del consejero, en este contexto, "la inversión en infraestructuras públicas se revela como uno de los elementos clave y motores de recuperación para amortiguar ese impacto y contribuir a la generación de actividad económica, con el efecto añadido en la creación de empleo".

En su carta, consultada por Europa Press, Juan Bravo continúa argumentando que, en ese marco, "la colaboración público-privada para el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras y servicios debe jugar un papel fundamental para priorizar infraestructuras sostenibles y estratégicas, ya que, sin impactar negativamente en las cuentas públicas --deuda pública--, no altera la titularidad de las infraestructuras".

Según explica el titular andaluz de Hacienda, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), regula la duración de los contratos en función de las obras y servicios que constituyan su objeto.

Aclara que, "si el contrato sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales, sin que el contrato de concesión de obras pueda exceder el plazo de 40 años, o 25 años el de servicios".

El Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, determina en su artículo diez el periodo de recuperación de la inversión y fija el parámetro de "rentabilidad razonable del proyecto" como el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años más un diferencial de 200 puntos básicos, lo que supone "una tasa de rentabilidad menor al 2,5% aproximadamente a día de hoy", según apuntan desde la Consejería de Hacienda.

Esta tasa "no es representativa de las rentabilidades reales que actualmente se dan en el mercado, cuyas condiciones son variables a lo largo del tiempo y sus niveles de rentabilidad están estrechamente relacionados con el riesgo de cada proyecto, por lo que resulta irreal pretender financiar a este tipo de inversiones en infraestructuras", según advierte Juan Bravo, quien, por ello, plantea a la ministra de Hacienda "la modificación del artículo 10 del RD 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015", con el fin de "corregir estas ineficiencias".

"Alternativamente", desde la Consejería que dirige Juan Bravo se plantea al Ministerio "la supresión de la referencia de una rentabilidad fija preestablecida para todo contrato, considerando su determinación para cada contrato por el órgano de contratación, que deberá justificar en la memoria, atendiendo a las condiciones del mercado financiero para la financiación del tipo de proyecto concreto".

El consejero se despide en su carta trasladando su "confianza" en que el ministerio dirigido por María Jesús Montero estudiará la "modificación" que propone, y "dicho cambio permitirá mejorar la aplicación de la fórmula de la colaboración público-privada y, con ello, dar nuevas opciones para que nuestro tejido productivo salga de esta crisis en mejores condiciones de seguir produciendo y de generar empleo y progreso".