Archivo - La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz. A 5 de noviembre de 2025. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo
SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento en su reunión de este miércoles, 4 de marzo, de las novedades introducidas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirige Catalina García en la tramitación de las autorizaciones ambientales unificadas en Andalucía a través de "metodologías ágiles de gestión".
Se trata de un conjunto de cambios organizativos y procedimentales orientados a "mejorar el funcionamiento interno de la administración ambiental de Andalucía, reforzar la coordinación entre órganos implicados y avanzar hacia una gestión más eficiente, ordenada y transparente de unos procedimientos claves para la protección del medio ambiente y el desarrollo de la actividad económica", según se señala en la referencia del Consejo de Gobierno.
Desde la Junta parten de la base de que la gestión ambiental constituye "uno de los pilares fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible equilibrado, entendido como aquel que permite atender las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".
En este marco, los instrumentos de prevención y control ambiental desempeñan "un papel esencial al anticipar y mitigar los posibles efectos negativos de determinadas actividades y proyectos antes de su ejecución, evaluando de forma integrada su impacto sobre el suelo, el aire, el agua, la biodiversidad y, en definitiva, sobre la calidad ambiental del territorio y de las poblaciones", añaden desde el Gobierno andaluz.
Entre estos instrumentos se encuentra la Autorización Ambiental Unificada, regulada en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y desarrollada en el Decreto 356/2010.
Este procedimiento integra en una única resolución los distintos pronunciamientos ambientales necesarios para autorizar determinadas actuaciones, lo que supone, según la Junta, "una garantía ambiental reforzada, pero también una tramitación compleja en la que intervienen diversos órganos administrativos y técnicos".
Añaden desde el Gobierno andaluz que, en los últimos años, el marco normativo estatal y autonómico ha experimentado una "evolución significativa en materia de evaluación y control ambiental".
Así, el Decreto ley 3/2024 introdujo modificaciones por la adaptación a los cambios incorporados por el Real Decreto 445/2023, que actualizó los anexos de la Ley de Evaluación Ambiental. Estas modificaciones supusieron una reordenación de los instrumentos de prevención y control ambiental en función de las categorías de actuaciones, la incorporación del concepto de evaluación ambiental simplificada con las adaptaciones oportunas y el establecimiento de una correlación clara entre la normativa estatal y autonómica.
Estas reformas han tenido continuidad con la aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que "consolida este proceso de actualización normativa y refuerza el marco jurídico en el que se desarrollan los procedimientos ambientales".
En paralelo a estos cambios legales, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha venido impulsando distintas iniciativas organizativas orientadas a "mejorar la tramitación administrativa de estos procedimientos".
Estas actuaciones se enmarcan en los principios de simplificación administrativa, racionalización organizativa y reducción de plazos recogidos en el Decreto 622/2019, que "promueve la eliminación de trámites innecesarios, la mejora del diseño de los procedimientos y el uso intensivo de medios electrónicos, siempre con pleno respeto a las garantías jurídicas y técnicas exigidas en materia ambiental".
MEJORAS EN LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
En el caso de la Autorización Ambiental Unificada, su complejidad procedimental, derivada tanto de la evaluación de impacto ambiental como de la necesidad de recabar informes y pronunciamientos de distintos órganos, hacía "necesario introducir mejoras en la gestión interna de los expedientes para evitar dilaciones innecesarias y mejorar el control de los plazos", apuntan desde el Gobierno andaluz.
Para ello, la Junta de Andalucía ha apostado por "incorporar buenas prácticas basadas en metodologías ágiles de gestión", concretamente la metodología conocida como 'Lean Management'. Este enfoque, con origen en el ámbito industrial y posteriormente extendido al sector servicios y a la propia administración pública, se centra en "incrementar el valor de los servicios públicos mediante la eliminación de procesos que no aportan beneficios reales, mejorar la eficiencia organizativa a través de una mayor alineación de los equipos implicados y facilitar la reducción de los plazos de tramitación".
Todo ello se apoya en el trabajo colaborativo, la toma de decisiones basada en datos objetivos, la estandarización de buenas prácticas y la mejora continua de los procesos.
Según destaca la Junta, la aplicación progresiva de estas dinámicas ha permitido obtener "resultados significativos", como la reducción de hasta un 73% del plazo necesario para alcanzar el trámite de información pública, un mayor control sobre el estado de los expedientes en curso y una mejor coordinación entre los distintos servicios, departamentos y órganos administrativos implicados en la tramitación.
INSTRUCCIÓN
Estos avances "han puesto de manifiesto la necesidad de consolidar y homogeneizar este modelo de trabajo en Andalucía". Con este objetivo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha elaborado una instrucción específica basada en estas metodologías, aprobada el 26 de enero de 2026, que define una dinámica común para la gestión y el seguimiento de los expedientes de Autorización Ambiental Unificada.
Esta instrucción establece "pautas claras para la tramitación, el control de plazos, la actualización sistemática de la información, el seguimiento de indicadores y el análisis de resultados, con el fin de garantizar una aplicación uniforme de estas buenas prácticas en todas las provincias".
El documento introduce un sistema estructurado de fases de tramitación que facilita el control y seguimiento de los expedientes y mejora la calidad de la documentación desde las etapas iniciales del procedimiento.
En este sentido, se incorpora una lista de chequeo accesible para los promotores, diseñada para reducir al máximo la necesidad de subsanaciones posteriores y contribuir a una tramitación más ordenada y previsible.
Asimismo, se refuerza la coordinación interna mediante la celebración de reuniones semanales en las delegaciones territoriales, en las que participan los distintos servicios y departamentos implicados.
Estas reuniones, según valoran desde la Juntal, permiten "tomar decisiones clave sobre el avance de los expedientes, establecer prioridades, definir fechas objetivo para la emisión de informes y mejorar la planificación global del procedimiento".
Otro de los elementos centrales de este nuevo modelo es el uso sistemático de herramientas digitales de seguimiento, como el cuadro de mando disponible para las delegaciones territoriales, que proporciona información actualizada sobre el estado de los expedientes y resulta esencial para el análisis de resultados y la adopción de medidas de mejora.
La digitalización se convierte así en "un soporte fundamental para una gestión más transparente, basada en datos y orientada a resultados". Además, la instrucción nace "con vocación de servir como modelo para futuros desarrollos similares en otros procedimientos ambientales", como la Autorización Ambiental Integrada, la Autorización Ambiental Unificada Simplificada o los distintos tipos de evaluación ambiental estratégica, "consolidando un enfoque común de trabajo en el ámbito de la gestión ambiental en Andalucía".