SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este martes que la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial (IA) verá la luz el próximo mes de octubre, toda vez que ha subrayado que "este avance constituye el compromiso del Gobierno andaluz con el impulso de estas tecnologías, aportando los recursos necesarios para fortalecer nuestras capacidades territoriales en este ámbito y poniendo en marcha acciones que aceleren su adopción por parte de sector público y privado".
Según se indica en nota de prensa, Sanz, que ha hecho este anuncio durante la inauguración de las jornadas 'Inteligencia Artificial en el sector público: retos, límites y medios' organizadas por la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Cajasol, ha puntualizado que esta hoja de ruta, en la que trabaja actualmente un comité de 25 expertos designados a tal efecto, "permitirá impulsar el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en Andalucía, articulando a los agentes de su entorno, potenciando capacidades y fijando criterios que hagan seguro el desarrollo, uso y explotación de la inteligencia artificial en la comunidad andaluza".
"A través de esta estrategia, el Gobierno andaluz tiene como objetivo posicionar a la región entre las economías digitales más avanzadas", ha agregado antes de subrayar que "en Andalucía, contamos con el talento de grandes profesionales, el reconocimiento internacional de las universidades andaluzas, las infraestructuras adecuadas y un potentísimo tejido empresarial para convertirnos en el referente europeo en esta materia".
En este contexto, el también presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) ha confirmado el respaldo del Gobierno andaluz a Granada como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
Durante la inauguración de las jornadas, Antonio Sanz ha repasado la Estrategia Andaluza de Transformación Digital, que pivota en torno a la Inteligencia Artificial como uno de sus principales ejes. Además, esta estrategia se apoya en otros pilares como la ciberseguridad, la administración digital, la sociedad digital y la tecnología cloud.
En el área de ciberseguridad, Sanz ha destacado que la Junta de Andalucía invertirá 60 millones de euros en los próximos años para convertir en realidad "el mayor centro de referencia de ciberseguridad de Europa", que tendrá su sede en Málaga.
En cuanto a la organización interna de la administración, el viceconsejero ha señalado que "el Gobierno andaluz destinará otros 50 millones de euros para avanzar hacia unos servicios públicos digitales que resulten accesibles, proactivos y útiles para los ciudadanos".
A esto se suma la inversión de 240 millones de euros en el proyecto Andalucía Vuela, que incluye un ambicioso plan de capacitación digital con el objetivo de "facilitar la adquisición de competencias digitales atendiendo a las particularidades de cada sector y de cada persona".
Antonio Sanz ha añadido que todo este proceso de transformación digital se apoyará en una estrategia híbrida hacia el cloud. "Para ello, la Junta pondrá el acento en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para albergar el desarrollo de la administración digital", ha agregado.
En definitiva, el propósito del Gobierno andaluz en esta materia es "que la tecnología facilite la vida de las personas, que mejore nuestra administración para hacerla mucho más útil y que además convirtamos la tecnología en motor de cambio económico y social", ha finalizado el viceconsejero.
En la jornada de este miércoles, la directora general de Estrategia Digital de la ADA, María Pérez Naranjo, presentará la agencia y expondrá la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial en la ponencia titulada 'Organización y gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Junta de Andalucía'.
A lo largo del 28 y 29 de junio, estas jornadas reúnen a especialistas en la materia con el fin de determinar el marco jurídico general al que se sujeta la aplicación de soluciones de inteligencia artificial en el sector público, especialmente cuando sirve de soporte a la toma de decisiones y se ven afectados derechos fundamentales.
