El IECA actualiza límites entre municipios para reforzar la seguridad jurídica de ayuntamientos, ciudadanos y empresas

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y la Secretaría General de Administración Local están desarrollando el proyecto de Delimitaciones Territoriales de Andalucía. La Junta de Andalucía ha reforzado así la seguridad jurídica de municipios, administraciones públicas, ciudadanía y empresas, mediante la actualización, digitalización y validación técnica y legal de los límites municipales que separan los pueblos y ciudades.

Se trata de una iniciativa "estratégica" para actualizar las líneas límite que marcan las fronteras entre municipios, aplicando la documentación histórica y la última tecnología en geolocalización y precisión, según ha informado la Junta en una nota.

En el ámbito local, la precisión y validez de los límites municipales son "esenciales" para delimitar las competencias de los ayuntamientos, la aplicación de ordenanzas, la gestión urbanística, la recaudación de tributos, la prestación de servicios públicos o la planificación de infraestructuras, tal y como ha subrayado la institución. Y, para la ciudadanía, y la actividad privada o empresarial "garantiza una certeza objetiva" sobre la localización de propiedades, parcelas, industrias o explotaciones agrícolas, "evitando conflictos de jurisdicción o errores catastrales".

Hasta ahora, muchos límites municipales en Andalucía han derivado de actas de deslinde y acuerdos históricos que se inician en el siglo XIX, documentos topográficos antiguos o delimitaciones incompletas monumentadas mediante hitos o mojones, muchos de los cuales han desaparecido. En algunos casos, "esto ha venido generando inseguridad jurídica sobre la extensión real de los términos municipales, la ubicación de infraestructuras o el ámbito de aplicación de determinadas normativas".

Por tanto, el proyecto de Delimitaciones Territoriales "viene a corregir esa situación", proporcionando una definición precisa y jurídicamente respaldada que establece con exactitud las líneas límite entre municipios y el estado legal de cada una de ellas, ya sea definitiva, parcialmente definitiva o provisional, según los procedimientos de deslinde y replanteo realizados.

Para ello, el proyecto ha sumado la aplicación de las últimas técnicas cartográficas y geográficas o la tecnología de alta precisión, como el posicionamiento del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) o los sistemas de información geográfica (SIG). De esta forma se obtiene la secuencia de coordenadas, normalizadas según el sistema de referencia geodésico oficial, que publicadas en el Registro Central de Cartografía "perduran en el tiempo, resolviéndose esta situación de forma definitiva".

En concreto, Andalucía cuenta con 22.100 kilómetros lineales que marcan las fronteras entre los municipios. Entre las 8 provincias andaluzas existen 2.311 líneas límite que determinan las separaciones entre municipios. En este sentido, el proyecto implica la definición y actualización de todas estas líneas, dotándolas de coordenadas precisas georreferenciadas y actualizando la posición real de los hitos que marcan las divisiones municipales.

Asimismo, el IECA ha completado el replanteo o deslinde de 519 líneas límite que representan el 22,5% del total, mientras que otras 43 (el 1,9%) se encuentran en fase de estudio y revisión técnica. Con ello, "se han solucionado los casos de coordenadas imprecisas que pueden darse en algunos puntos de las líneas que separan a los municipios e incluso acabar con las discrepancias que tienen los ayuntamientos sobre estas fronteras". Según el IECA, aproximadamente un 40% de las líneas límite tienen algún desacuerdo.

Por otra lado, el proyecto se desarrolla en varias fases coordinadas entre el IECA y la Secretaría General de Administración Local. Estas fases engloban la recopilación y análisis jurídico de las actas, acuerdos y órdenes de deslinde que establecen los límites históricos entre municipios; la clasificación del estado jurídico de cada línea límite, el replanteo topográfico para garantizar la correspondencia entre la documentación jurídica y la realidad física, la digitalización y georreferenciación de los mojones y puntos físicos que materializan las líneas divisorias, con precisión métrica; la incorporación en la cartografía oficial y su inscripción en el Registro Central de Cartografía.

El proyecto también cuenta con una plataforma interactiva de consulta pública para visualizar la cartografía y la geometría de todas las líneas límite municipales, su trazado, conocer su estado jurídico (definitiva, parcialmente definitiva, en desacuerdo, en estudio, etc.), y acceder a la documentación histórica técnica y legal asociada a cada línea. Con ello "se garantiza la transparencia, el acceso público y la reutilización de los datos", han indicado.

UNA HERRAMIENTA "CLAVE" PARA AYUNTAMIENTOS, ADMINISTRACIONES Y CIUDADANÍA

El proyecto es un "avance decisivo" en la seguridad jurídica territorial. Para los ayuntamientos: aporta certeza sobre sus competencias territoriales, eliminando posibles controversias con municipios colindantes; garantiza la planificación urbanística, la ordenación del territorio y la prestación de servicios públicos; facilita la defensa de los intereses municipales en procedimientos administrativos o judiciales relacionados con los límites del término y reduce la posibilidad de litigios o duplicidades fiscales y administrativas, al definir con precisión los límites donde aplicar tasas, impuestos o normativas.

Para la administración autonómica y estatal es una referencia "única, oficial y coherente" para la gestión estadística, cartográfica y administrativa del territorio andaluz; refuerza la coordinación interadministrativa, al facilitar la interoperabilidad de sistemas de información geográfica (SIG) y registros jurídicos y mejora la capacidad de planificación de infraestructuras, políticas públicas y servicios compartidos entre municipios colindantes.

Y, para las personas físicas y jurídicas, "garantiza" a ciudadanos y empresas una certeza sobre la localización de propiedades, parcelas, industrias o explotaciones agrícolas, evitando conflictos de jurisdicción o errores catastrales; permite conocer con exactitud el término municipal en el que se encuentran los bienes, lo que resulta crucial para licencias urbanísticas, tributos o ayudas públicas; refuerza la seguridad jurídica inmobiliaria, al proporcionar un respaldo cartográfico oficial que complementa la información del Catastro y del Registro de la Propiedad y facilita la resolución de conflictos de lindes, servidumbres o competencias derivadas de la ambigüedad de límites administrativos.

Con cargo a su presupuesto de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el IECA tiene previsto invertir en este proyecto dos millones de euros hasta 2027. Con ello logrará intervenir sobre un total de 360 líneas límite, lo que representa el 40% del total de líneas. Esta inversión supone un coste medio por línea de unos 5.500 euros. Para la ejecución de las tareas, tanto de campo como de gabinete, se contará con dos equipos técnicos, compuestos por ocho topógrafos y seis auxiliares, repartidos en dos grupos: uno para Andalucía occidental y otro para Andalucía oriental.

Por último, la Junta ha destacado que "con este proyecto se estará en condiciones de solucionar prácticamente la mitad de un problema enquistado desde mediados del siglo XIX".