La Junta avala la ley del PP-A sobre el Consejo Consultivo que reivindica la "valiosísima aportación" de expresidentes

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha avalado la proposición de ley presentada por el Grupo Popular sobre el Consejo Consultivo de Andalucía que defiende la "valiosísima aportación" que expresidentes de la Junta puedan realizar en dicho órgano "no sólo en los dictámenes preceptivos, sino en estudios e informes relevantes que pongan de manifiesto mejoras a introducir en el ordenamiento jurídico".

Así se reivindica en el acuerdo con el que el Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno ha trasladado su "criterio favorable" respecto a la toma en consideración de la proposición de Ley del Consejo Consultivo de Andalucía presentada por el Grupo Popular en el Parlamento andaluz, que se someterá a debate en el Pleno de la Cámara andaluza en la sesión del próximo miércoles, 21 de febrero.

El Consejo de Gobierno acordó su posicionamiento favorable a esta iniciativa en su reunión del pasado 6 de febrero, en el marco del procedimiento habitual a seguir en la tramitación de proposiciones de ley, en el que el Ejecutivo debe manifestar también su conformidad o no con las mismas "si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

Dicho acuerdo del Consejo de Gobierno, consultado por Europa Press, relata que la citada proposición de ley del PP-A "se fundamenta en la necesidad de actualizar la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, debido a que desde su aprobación en el año 2005 se han producido importantes novedades legislativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tales como la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 9/2007, de 24 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como diversas y numerosas normas sectoriales con incidencia en la función consultiva".

La iniciativa del Grupo Popular propone que "aquellas personas que hayan desempeñado el cargo" de presidente de la Junta de Andalucía sean "consejeros permanentes" del Consejo Consultivo "hasta que cumplan setenta y cinco (75) años de edad", que son diez más respecto a la edad que se contempla en la vigente Ley 4/2005. El nombramiento de los mismos se efectuaría "por decreto del Consejo de Gobierno, a solicitud de la persona interesada", y su dedicación sería "con carácter exclusivo y a tiempo completo".

La iniciativa del PP-A subraya que el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce al Consejo Consultivo como "órgano de relevancia estatutaria", y lo incluye "entre sus instituciones básicas de autogobierno", en "consonancia con la posición que le corresponde como superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno, de la Administración de la Junta de Andalucía, de las entidades locales, de las Universidades públicas andaluzas y de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta".

CONVENIENCIA DE UNA NUEVA LEY

El Ejecutivo de Juanma Moreno comparte con el PP-A que "el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 4/2005, de 8 de abril, y la experiencia adquirida durante su vigencia, hacen conveniente la aprobación de una nueva Ley del Consejo Consultivo de Andalucía en la que se aborden mejoras técnicas y organizativas y que actualice la regulación actual, incorporando las sucesivas reformas legislativas que se han ido acometiendo en la normativa estatal básica con incidencia en la materia".

Sobre la iniciativa registrada por el PP-A, desde la Junta se detalla que en ella "se perfilan las funciones del Consejo Consultivo de Andalucía, creándose una Comisión de Estudios y Análisis Normativo a la que le corresponderá realizar estudios, informes y propuestas normativas cuando lo solicite el Consejo de Gobierno, recabar de los sectores afectados la información sobre los efectos de la normativa vigente que les resulten de aplicación, la elaboración de encuestas, estadísticas, informes de seguimiento de la aplicación normativa e informe anual de actuaciones, así como otras funciones de estudio de doctrina jurisprudencial y del derecho comparado y de recomendaciones de buenas prácticas".

Por otro lado, "se modifica el límite de edad contemplado para las consejeras o consejeros permanentes y se establece su dedicación con carácter exclusivo y a tiempo completo, permitiendo que la función consultiva del Consejo Consultivo de Andalucía se vea enriquecida por la experiencia de quienes han desempeñado la más alta responsabilidad en el Gobierno y cuya labor puede ser una valiosísima aportación no solo en los dictámenes preceptivos, sino en estudios e informes relevantes que pongan de manifiesto mejoras a introducir en el ordenamiento jurídico". Asimismo, "se les aplica el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía".

Igualmente, "en aras a una mayor simplificación orgánica se reduce de seis a cuatro el número de consejeras o consejeros electivos sin dedicación exclusiva, introduciendo mayores exigencias en la preparación jurídica" de dichos puestos, "elevando de diez a quince años el requisito del periodo de experiencia como jurista de reconocido prestigio".

NECESIDAD DE UNA "REVISIÓN" DE LA LEY DEL CONSEJO CONSULTIVO

Así las cosas, el Gobierno andaluz "comparte el fundamento y motivación" de la proposición de ley presentada por el PP-A, desde la premisa de que "la entrada en vigor de diversas normas tras la aprobación de la Ley 4/2005, de 8 de abril, aconsejan una revisión y actualización de la misma".

Además, desde el Ejecutivo de Juanma Moreno "se comparten las modificaciones incluidas en la citada proposición de ley, especialmente en relación con las funciones del Consejo Consultivo de Andalucía, la creación de una Comisión de Estudios y Análisis Normativo, la reducción del número de consejeras o consejeros electivos sin dedicación exclusiva, así como la determinación de 15 años como requisito de experiencia como jurista de reconocido prestigio".

"En definitiva, se comparten los fundamentos de la iniciativa presentada", y por ello el Consejo de Gobierno acordó el pasado 6 de febrero manifestar su posicionamiento "favorable" respecto a la toma en consideración de la misma, así como su "conformidad a su tramitación".