SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pacto de Estado por la Dependencia que propone Andalucía al Gobierno central plantea que se deben establecer recursos "reales, efectivos y evaluables" que favorezcan la autonomía personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia, según lo ha destacado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien este pasado martes presentó al sindicato CCOO-A dicho documento aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
En este sentido, ha subrayado que la prevención de la dependencia es un elemento importante para darle sostenibilidad en el tiempo al sistema, ya que "el constante crecimiento de la población mayor de 65 años y especialmente la población de 80 y más años, es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el SAAD", según ha informado la Junta en una nota de prensa.
El documento plantea "la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables. De no ser así, el propio sistema de atención y al no estar garantizada la continuidad de cuidados, la persona puede ser condenada a un nivel de dependencia de manera crónica que no le corresponde a la enfermedad que ha padecido", ha detallado.
Además, la titular de Igualdad ha señalado que "cabe la imperiosa necesidad de reconocer en la cartera de servicio de prestación para la dependencia para personas con discapacidad a aquellas personas mayores de 65 años. Para que estos usuarios no tengan que abandonar los recursos de atención de personas con discapacidad al cumplir la edad de 65 años".
Otra medida que aborda el Pacto de Estado es que se plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios a fin de dar respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus personas cuidadoras.
MAYOR FINANCIACIÓN
En este encuentro con CCOO-A, Ruiz ha explicado que entre los contenidos mínimos a abordar en dicho Pacto se encuentra la creación de un Fondo de Garantía de la Dependencia con la finalidad de garantizar la financiación del Sistema.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha explicado que "desde la Junta se considera adecuado definir un sistema de atención integrado que aborde, desde la perspectiva de globalidad e igualdad en todo el territorio". "Establecer que toda la ciudadanía con derecho a cualquier prestación recogida en la citada Ley, sea cual sea su lugar de residencia dentro del Estado, en el momento que le sea reconocido el derecho subjetivo, éste tiene que ser universal. Se debe garantizar, por tanto, un desarrollo y aplicación de la Ley análoga en todo el territorio nacional, con la creación de una caja única", ha agregado.
En materia de financiación, el documento también plantea establecer una garantía del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas, de manera que cada administración financie el 50 por ciento del presupuesto. En la actualidad, Andalucía está asumiendo el 82 por ciento de la financiación del Sistema de Dependencia.
Además, para poder establecer un sistema de financiación ajustado a la realidad, que éste sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es "fundamental" la revisión de los cálculos "manifiestamente erróneos" recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004) en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia.
"Si se comparan dichas previsiones con la realidad de la aplicación de la Ley, resulta evidente que se ha producido una infrafinanciación del Sistema por parte de los Gobiernos de España que, a su vez, supone un incumplimiento grave y continuado del artículo 9, artículo 32 y la disposición adicional primera de la Ley de Dependencia", ha reiterado.
Por último, la consejera ha recordado que la propuesta de Pacto de Estado plantea una restructuración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que sea el órgano colegiado garante del carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley en todo el territorio nacional.
