Actualizado 12/12/2016 14:52 CET

La Junta se compromete a reducir a la mitad los plazos urbanísticos en esta legislatura

Foto De La Firma De La Famp
EUROPA PRESS/FAMP

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía trabaja ya en una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), medida estrella de un decálogo de ellas para agilizar los trámites vinculados a la ordenación del territorio, ratificado este lunes en Sevilla junto a diez colectivos, organizaciones y colegios profesionales que se van a beneficiar de la reducción en los trámites relacionados con los procesos urbanísticos: en concreto, desde la Junta se pretende que se reduzca a la mitad el tiempo empleado en formalizar estos trámites, en un periodo de unos dos años, es decir, el resto de la legislatura andaluza.

En concreto, a la rúbrica del documento se han sumado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos; el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía; la Confederación de Empresarios de Andalucía; los sindicatos CCOO y UGT; la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía; y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha explicado que tras hacer balance de los retos fundamentales en el ámbito de las competencias de su departamento se coincidió, en el ámbito urbanístico, en que los plazos estipulados actualmente para aprobar planes de ordenación son "absolutamente inaceptables" y, de hecho, en algunos casos hacen desistir a algunos emprendedores de proyectos.

"En Andalucía no podemos permitirnos esos lujos", ha resumido, apuntando que, tras una serie de reuniones con agentes sociales, instituciones y colegios profesionales, se ha encontrado después de un año un acuerdo de partida para corregir esta situación, pese a que aún "queda una tarea importante que no es fácil", pues este paso "ni es el principio ni mucho menos el final", trabajándose con la meta de poner las bases de la ordenación del territorio en la comunidad "para mucho tiempo".

Aparte de la modificación de la LOUA, que se trabajará bajo la premisa de la "máxima seguridad jurídica", en el decálogo también destacan la tramitación electrónica de los instrumentos de planeamiento urbanístico. En este sentido, se desarrollará y se pondrá a disposición de todos los ayuntamientos una aplicación informática que permita la tramitación electrónica de los instrumentos de planeamiento urbanístico y la presentación e intercambio de documentación e información con el fin de agilizar y simplificar la tramitación.

También se establece la elaboración de un manual para la tramitación del planeamiento urbanístico. Se trata de recoger en un único documento de consulta y ayuda, tanto a los redactores como a las administraciones implicadas, todos los pasos necesarios para la tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico, enfocado principalmente a la figura del plan general, unificando y coordinando las políticas sectoriales con la urbanística. Esta medida se llevará a cabo de forma coordinada con la participación de la administración local.

De su lado, el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expuesto que las medidas que se pretende impulsar vendrán a las corporaciones locales como "anillo al dedo", siempre con el objetivo "claro y subrayado" de acortar plazos y agilizar: "si se lo ponemos fácil a los entes locales habremos dado un salto adelante", ha dicho.

El papel de las administraciones es el de respaldar a los inversores, con planes como el ratificado este lunes, "que no es un huevo que se echa a freír, tiene muchas puntadas". Ha apostillado que aprueba todas las actuaciones tendentes a evitar casos de corrupción como los que se daban durante la 'burbuja', aunque ello, a su juicio, no debe frenar la tramitación ordinaria.