SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta publicará en el Portal de la Transparencia información detallada de los abonos, cobros y movimientos de cuentas bancarias de la administración, tras la aprobación este martes en el Consejo de Gobierno del decreto regulador de la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta y la gestión recaudatoria. Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1986, actualiza, simplifica y mejora la gestión de los recursos y los pagos de la Administración autonómica a través de un nuevo modelo unificado de mayor agilidad y eficacia.
El decreto, que adapta los procedimientos de la hacienda pública al sistema de información económico-financiera GIRO, operativo desde 2015, tiene como principales objetivos atender puntualmente las obligaciones de pago y garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales. Asimismo, da cumplimiento a la legislación andaluza de transparencia y a la estatal de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Como principal novedad, la norma establece la obligación de publicar trimestralmente, en el Portal de la Transparencia, la información detallada de todos los cobros y pagos realizados por la Tesorería General, así como el saldo diario de las cuentas bancarias. Estos datos se ofrecerán de forma exhaustiva e individualizada incluyendo la fecha; el motivo o concepto (por ejemplo realización de talleres de empleo o gratuidad de libros de texto); el acreedor; el importe; la consejería o agencia que ha gestionado la orden de abono; los datos identificativos del expediente contable, y su clasificación económica y funcional para que pueda compararse con el presupuesto aprobado.
Con el mismo detalle aparecerán los cobros diarios de la Tesorería General por ingresos recaudados por impuestos, tasas, transferencias y convenios. Igualmente se informará de la fecha de cobro, el concepto o motivo, el tipo y número de documento contable y el importe neto, entre otros datos.
El objetivo de estas medidas es facilitar la trazabilidad de todo el expediente completo, tanto en la primera fase del gasto (que gestionan las consejerías y las agencias) como en la de pago (a cargo en exclusiva de la Tesorería General).
Otra novedad es la unificación de las funciones de recaudación de derechos (ingresos) y las de pago material de todas las obligaciones, tanto las gestionadas por las consejerías como por las agencias administrativas y de régimen especial.
Ello permitirá reducir las cuentas bancarias con las que opera la Tesorería, de modo que la Junta pasará de las más de 600 que tenía al principio de este proceso a solo diez, y de trabajar con 17 entidades financieras a hacerlo con un máximo de seis. Actualmente, se encuentra en licitación el procedimiento para adjudicar los contratos, a través de los cuales se gestionará un volumen de pagos anual superior a los 31.500 millones de euros.
La simplificación afectará también a las cuentas que utilizan las entidades financieras cuando colaboran en la gestión recaudatoria de la comunidad. En lugar de disponer de una abierta por provincia, cada entidad financiera habilitará una única en la que anotará el cobro de la recaudación gestionada en toda Andalucía.
FLEXIBILIDAD
En el ámbito de la recaudación, el decreto extiende los medios de pago con el fin de ofrecer mayor flexibilidad a la ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones. Así, junto a los sistemas tradicionales de abono presencial en las sucursales bancarias colaboradoras, se posibilita el ingreso a través de los cajeros automáticos y se incorpora la domiciliación en cuenta bancaria de los pagos fraccionados.
La norma también regula el funcionamiento del Censo Único de Obligaciones, sistema de información creado en 2016 y que, a partir de ahora, servirá de herramienta a la Tesorería para el cálculo y cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
El decreto aprobado se vincula al conjunto de iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para avanzar en la eficiencia de las cuentas públicas. Fruto de estas mejoras, en 2016 se redujo en 25 días el periodo medio de pago a proveedores, lo que sitúa a Andalucía como la comunidad de régimen común que abona antes sus facturas. El último dato disponible correspondiente al pasado mes de diciembre registró 13,18 días, el mejor valor desde que comenzó a publicarse esta magnitud.
En esta línea, el pasado mes de enero el Consejo también aprobó el decreto que establece la garantía de los tiempos de pago de la Junta y sus entidades instrumentales, que reduce a 20 días naturales, en lugar de los 30 previstos en la normativa vigente, el plazo para abonar las facturas de los proveedores de servicios públicos esenciales, así como las becas, las ayudas al estudio y al empleo, los medicamentos a las oficinas de farmacia y las compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita.
Esta norma fija también, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales. Además, establece procedimientos para evitar demoras y mecanismos que garanticen el cumplimiento de los plazos, como el cobro directo a través de una entidad de crédito.